Un nuevo signo de reforzamiento de los controles en la web se produjo el miércoles pasado cuando el gobierno turco impuso fuertes sanciones pecuniarias a las principales redes sociales que operan en el país, tales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otras. El hecho reviste de gran importancia debido al avance que Ankara ha realizado en los últimos tiempos sobre los contenidos que se hallan en Internet, revitalizando de este modo la sombra de la censura. Las multas correspondientes superan el millón de dólares.
La justificación sostenida desde las autoridades radica en que dichas redes sociales no declararon en tiempo y forma un representante legal en el país, según lo expresado por el viceministro turco de Transportes e Infraestructuras, Fatih Sayan. Esto ha sucedido a raíz de una ley que entró en vigor en el mes de octubre que expresa tajantemente que las redes sociales y aplicaciones que detenten más de un millón de conexiones al día deben nombrar un representante legal con asiento en Turquía que se atenga estrictamente a la normativa nacional y que respeten los dictámenes de los tribunales competentes en caso de que éstos exijan la retirada de una publicación determinada en un plazo de 48 horas.
El punto clave de esta historia es en la necesidad de Ankara de controlar exhaustivamente todos aquellos asuntos que pueden escapar a su vigilancia, por ende la mira puesta en las redes sociales 2 con mayores usuarios. La réplica de estas compañías, mayormente norteamericanas, ha sido la resistencia a todo tipo de coto que pueda imponerse sobre la libertad de expresión.
La cruzada que el gobierno turco viene realizando contra las mayores redes sociales activas en el país se realiza en un contexto de severas lesiones a la libertad de expresión y publicación en la web, donde más de 400.000 páginas han sido bloqueadas en su acceso, mientras que decenas de tweets, videos y publicaciones han sido removidas por exigencia de las autoridades políticas.