El sábado 10 de octubre, el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad se convirtió en el escenario de uno de los ataques más graves sufridos por Arabia Saudí en más de una década. Un misil impactó en el complejo aeroportuario, donde se encuentran las terminales 3 y 4, utilizadas para vuelos nacionales. El balance comunicado por la Autoridad General de Aviación Civil saudí fue de 12 muertos y 309 heridos, entre ellos ciudadanos de distintas nacionalidades. La ofensiva obligó a suspender operaciones, desviar aeronaves y cancelar conexiones en uno de los principales centros de transporte de Oriente Próximo.
El bombardeo no fue un episodio aislado. Dos días antes, el jueves 8 de octubre, el aeropuerto ya había sido objeto de otro ataque reivindicado por los hutíes, el movimiento armado yemení conocido como Ansar Allah y respaldado por Irán. Aquella ofensiva dejó tres saudíes muertos, incluido un piloto. Tras los nuevos impactos, el grupo advirtió a aerolíneas, trabajadores y pasajeros que evitaran los aeropuertos y el espacio aéreo saudí, con excepciones para los de La Meca y Medina.
Las consecuencias se extendieron rápidamente al transporte internacional. Kuwait Airways canceló sus vuelos entre Kuwait y Riad, mientras Air India, FlyDubai, Lufthansa Group y Pakistan International Airlines habían anunciado restricciones tras los primeros ataques. La interrupción de las conexiones y las advertencias de viaje de Estados Unidos y Reino Unido evidenciaron el alcance internacional de la crisis.
Los ataques se inscriben en una guerra de poder regional que trasciende las fronteras de Yemen. Desde 2014, cuando los hutíes tomaron la capital, Saná, Arabia Saudí respalda militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, mientras que los hutíes cuentan con el apoyo de Irán. Esta rivalidad convierte el conflicto en un escenario de guerra por intermediarios (proxy war), en el que Riad y Teherán proyectan su influencia a través de actores locales.
Los ataques contra territorio saudí representan, así, una nueva fase de una confrontación regional que amenaza con extenderse más allá del frente yemení. El grupo dispone de misiles balísticos de largo alcance, como el Palestine-2, cuya distancia operativa se estima en unos 2.000 kilómetros, y el Toufan, asociado a tecnología iraní. Aunque los bombardeos saudíes han golpeado depósitos de misiles, instalaciones subterráneas y fábricas de drones, los hutíes mantienen capacidad para atacar objetivos estratégicos.
El impacto va más allá de la seguridad aeroportuaria. Arabia Saudí es el principal exportador mundial de petróleo crudo y una economía clave del G20; cualquier amenaza prolongada contra sus infraestructuras puede repercutir en los mercados energéticos y aumentar la incertidumbre regional.
El domingo 11 de octubre, la coalición liderada por Riad calificó el ataque de crimen de guerra y prometió responder con contundencia. Donald Trump condenó la ofensiva y afirmó que Washington evalúa sumarse a una eventual represalia saudí. Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, confirmó la muerte de un ciudadano norteamericano.
Arabia Saudí se enfrenta ahora a una decisión que puede redefinir su papel en Oriente Próximo: contener la amenaza hutí o responder con una ofensiva capaz de alterar el equilibrio regional. Con sus infraestructuras estratégicas bajo fuego y Washington evaluando una intervención, Riad ya no solo defiende su territorio, sino también su posición como potencia regional. La respuesta saudí será determinante para establecer los límites de la ofensiva hutí y definir hasta dónde puede extenderse una guerra que amenaza con arrastrar a nuevos actores al conflicto.[1][2]