Desde el inicio de la pandemia distintos gobiernos establecieron el confinamiento obligatorio como una de las medidas más eficaces para evitar picos de contagios de COVID-19. Sin embargo, para las mujeres que habitan en Medio Oriente y el Norte de África (MENA), los hogares no son lugares seguros. El 60% de los femicidios ocurren en sus propias casas, es decir que son sus parejas u esposos quienes ejercen violencia contra ellas, encontrándose así confinadas por tiempo indeterminado con sus agresores.
En este sentido, el Ministerio de la Mujeres y Niñez de Túnez informó que la violencia de género aumentó 5 veces desde el inicio de la pandemia. En Líbano e Israel, se estima un aumento del 20% y la Organización Sionista Femenina informó que los refugios para mujeres maltratadas registran más de un 90% de ocupación. Este panorama desalentador no solo se ve replicado en toda la región, sino que además se profundiza como consecuencia de la crítica situación económica que afrontan los países del MENA.
Dicha situación generó que el Secretario General de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, se 8 pronunciase contra un “terrible brote de violencia doméstica”, y solicitase a los gobiernos que actúen inmediatamente haciendo de la prevención de la violencia contra las mujeres una parte clave en sus respuestas nacionales al COVID-19.
Sin embargo, organizaciones civiles denuncian que las respuestas de los gobiernos son insuficientes ya que no garantizan si quiera la supervivencia de las mujeres en sus propios hogares. Por último, destacar que si no se aborda adecuadamente este problema, el mismo se añadirá al impacto económico del COVID-19, ya que, como sostiene ONU, el costo mundial de la violencia contra las mujeres se ha estimado en 1,5 billones de dólares.