La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan de asistencia económica y política dirigido al Líbano, enmarcado en los intentos por combatir la migración ilegal. El mismo consta de 1000 millones de euros destinados a reestructurar la economía del país, con el fin de reforzar el control fronterizo por parte de las autoridades libanesas y evitar el tránsito de los
migrantes hacia los países europeos.
Mientras se le exige un compromiso para mantener a los refugiados sirios dentro de su territorio, Beirut, siendo uno de los principales países de acogida durante más de una década, comienza a presenciar sentimientos xenófobos por parte de la población civil. Una muestra de ello fue la concentración de cientos de personas frente a la sede de Naciones Unidas en el Líbano para pedir
la deportación de los migrantes.
Organizaciones humanitarias acusan a las autoridades libanesas de fomentar un discurso de odio y adoptar nuevas medidas restrictivas para impulsar el retorno de refugiados a sus respectivos países. Las acusaciones van desde abusos por parte de las Fuerzas Armadas, deportaciones ilegales y expulsiones colectivas, hasta la implementación de medidas que restringen su capacidad de obtener permisos de residencia y de trabajo. Amnistía Internacional, en particular, menciona toques de queda discriminatorios y el cierre de comercios pequeños cuyos propietarios o empleados son
personas sirias.
Es importante mencionar que los refugiados sirios representan alrededor de una cuarta parte de la población del Líbano. Asimismo, 9 de cada 10 refugiados se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, y la disminución de la ayuda humanitaria internacional, debido a la creciente relevancia
otros focos de conflicto en la región, contribuye al deterioro de la situación.
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