El año 2025 profundizó una tendencia ya consolidada en los últimos años: la centralidad de los desplazamientos forzados y la vulneración sistemática de derechos humanos como ejes de la política humanitaria en Medio Oriente y el Norte de África (MENA). Lejos de configurarse un escenario de estabilización regional, el conjunto de conflictos abiertos, siendo los más relevantes en el escenario internacional Gaza y Siria, consolidó situaciones donde la protección internacional se ve debilitada, la acción de las agencias humanitarias es restringida y las poblaciones civiles continúan siendo las principales víctimas de políticas estatales orientadas al control territorial, la securitización y la anulación de derechos fundamentales.
En el corriente año, la Franja de Gaza se consolidó como la crisis humanitaria más grave del escenario internacional actual. A lo largo del año, Israel intensificó medidas destinadas a limitar o paralizar por completo la acción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Entre estas se incluyeron el corte de electricidad y agua a sus oficinas, el cierre forzado de escuelas y sedes administrativas en Jerusalén Este y una campaña política explícita para expulsar a la agencia del territorio. Estas acciones se sumaron a las leyes aprobadas desde finales de 2024 que revocaron la inmunidad de la organización y prohibieron formalmente sus actividades.
La interrupción de servicios básicos no solo afectó a UNRWA como institución, sino a la población palestina en su conjunto. Gaza atravesó reiterados apagones de telecomunicaciones, el colapso de infraestructura sanitaria y la interrupción del funcionamiento de plantas desalinizadoras, profundizando la crisis de acceso al agua potable. Según datos de UNICEF, más del 90% de la población carece de fuentes seguras de agua, mientras la inseguridad alimentaria alcanzó niveles descritos por OCHA como “catastróficos”. La destrucción de hospitales, centros educativos y puntos de distribución de ayuda, muchas veces en el contexto de ataques militares, redujo drásticamente la capacidad de respuesta humanitaria.
Los ataques israelíes sobre infraestructura civil y actores humanitarios reavivaron denuncias por violaciones al derecho internacional humanitario. El asesinato de cinco periodistas de Al Jazeera, entre ellos Anas al-Sharif, y el bombardeo sobre una escuela que funcionaba como refugio subrayaron un patrón de violencia contra civiles y comunicadores. Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de Periodistas advirtieron sobre la necesidad de investigaciones independientes. El Secretario General de la ONU reiteró que los ataques contra civiles, en ausencia de evidencia de un objetivo militar legítimo, pueden constituir crímenes de guerra.
Simultáneamente, se reportaron ataques sobre zonas designadas para la distribución de ayuda humanitaria, donde cientos de personas se congregaban para obtener alimentos en medio del desabastecimiento generalizado. En varias ocasiones, los bombardeos y disparos se produjeron mientras organizaciones internacionales intentaban establecer corredores humanitarios, violando los principios fundamentales de neutralidad y protección a la población civil. El resultado fue un aumento exponencial de muertos y heridos, en su mayoría mujeres y niños, así como la imposibilidad de mantener líneas de asistencia mínimas.
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Es aquí en donde el concepto de Nakba aparece nuevamente como marco interpretativo para describir la experiencia palestina actual. Diversas declaraciones del gobierno israelí, en donde se incluye la intención de restringir la definición legal de “refugiado palestino” y la creación de “zonas humanitarias” que condicionan la movilidad de la población, fueron interpretadas como intentos de ingeniería demográfica a orientada al desplazamiento forzado. Organizaciones como el Gaza Humanitarian Fund denunciaron que la ayuda ha sido utilizada como herramienta de coerción, condicionando el acceso a insumos básicos al acatamiento de reubicaciones permanentes dentro y fuera de la Franja.
Este contexto reforzó entre la población palestina la percepción de una continuidad histórica entre 1948 y 2025: la Nakba no como un punto de quiebre del pasado, sino como un proceso que se actualiza mediante políticas de expulsión, destrucción sistemática de hogares, desplazamientos masivos y restricciones estructurales al retorno. La destrucción deliberada de viviendas, la presión para la emigración forzada y la imposibilidad de reconstrucción alimentaron el temor de un rediseño territorial irreversible.
La crisis humanitaria en Gaza, de esta forma, visibilizó un deterioro global del multilateralismo. La restricción operativa impuesta a UNRWA y la dificultad de otras agencias de la ONU para ingresar o distribuir ayuda revelaron la fragilidad del sistema internacional cuando actores estatales influyentes desestiman las normas humanitarias. El bloqueo de ayuda, las obstrucciones al acceso de investigadores independientes y la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas debilitaron el principio de protección de la población civil y cuestionaron la vigencia de las Convenciones de Ginebra en conflictos prolongados.
En este escenario, los desplazamientos internos dentro de Gaza hacia áreas superpobladas y carentes de infraestructura configuraron una emergencia sin precedentes. El desplazamiento, lejos de ser temporal, adquirió características estructurales: la destrucción de barrios enteros, la imposibilidad de retorno seguro y la ausencia de garantías de reconstrucción refuerzan la perspectiva de un proceso a largo plazo.
Más allá de esta situación, Siria continuó representando una de las crisis humanitarias más graves del mundo. A catorce años del inicio del conflicto, más de 16,7 millones de personas requieren asistencia, cifra récord desde 2011. Paralelamente, el país alberga más de 20.000 refugiados y solicitantes de asilo que dependen casi por completo de la ayuda internacional. La combinación de colapso económico, inflación, destrucción de servicios públicos y creciente inseguridad alimentaria superó ampliamente la capacidad estatal y restringió la acción de actores humanitarios. Además, el financiamiento internacional para la respuesta disminuyó, dificultando la continuidad de programas esenciales.
El año 2025 confirmó que las crisis de desplazamiento en Medio Oriente y el norte de África no pueden entenderse como fenómenos aislados ni estrictamente humanitarios. Son expresiones de conflictos prolongados, disputas de soberanía, políticas de control territorial y modelos de gobernanza que recurren a la vulneración sistemática de derechos. La protección de las poblaciones desplazadas exige no solo asistencia inmediata, sino una defensa clara del derecho internacional, el fortalecimiento de las agencias humanitarias y la búsqueda de soluciones que garanticen dignidad, retorno seguro y ciudadanía plena para quienes han sido privados de ellas por décadas.
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Fuentes
chinadailyasia.com unrwa.org aljazeera.com france24.com ambito.com france24.com infobae.com