Hace una década, el grupo rebelde de los hutíes tomó la capital del país y desde entonces se enfrentan a una coalición liderada por Arabia Saudita. En los últimos meses, el país ha estado en la mira de la comunidad internacional debido a su injerencia en el conflicto entre Israel y Hamas, mostrando su apoyo a la causa palestina.
En su territorio, la tensión aumenta. Los insurgentes reprimieron a la disidencia, incluso con sentencia de muerte. A su vez, arrestaron e hicieron desaparecer forzosamente a cientos de personas. Según afirma Human Rights Watch, la milicia practica regularmente la tortura en los centros de detención. De hecho, a partir del 10 de junio, las autoridades de Ansarolá publicaron videos mostrando a personas detenidas entre 2021 y 2023 confesando haber espiado para Israel y Estados Unidos.
Entre las personas secuestradas se encuentran funcionarios de distintas agencias y organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes fueron detenidos en las ciudades de Saná, Al Hodeidah, Hajjah y Sadah. En este marco, la Organización Mayyun para los Derechos Humanos condenó los hechos, a los que considera una violación al derecho internacional en tanto transgrede los privilegios e inmunidades otorgados a los empleados de la ONU. Asimismo, describe estas prácticas como opresivas y totalitarias.
En cuanto a los motivos, existe un consenso al afirmar que las acciones están destinadas a obtener rédito económico y político. En razón de la crisis financiera que enfrenta el país, la detención arbitraria y la desaparición forzada de personas son utilizadas como instrumento político.
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