De acuerdo con el último informe del sistema IPC (Sistema de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria, por sus siglas en inglés), la Franja de Gaza enfrenta actualmente un escenario crítico con un riesgo inminente de hambruna. El informe estima que más del 86% de los hogares sufren inseguridad alimentaria extrema y más de medio millón de personas se encuentran en riesgo de hambruna. Según denuncian las autoridades palestinas, más de 100 personas, en su mayoría niños, han muerto por hambre o desnutrición desde el inicio del conflicto.
El bloqueo israelí ha restringido severamente la entrada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Aunque Israel ha negado querer provocar una hambruna y ha implementado pausas humanitarias y lanzamientos aéreos, organizaciones humanitarias los consideran gestos insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Estas sostienen que el problema no es la falta de alimentos, sino las trabas impuestas por Israel para permitir su ingreso. Israel, en cambio, culpa a las agencias de las Naciones Unidas por demoras logísticas y a Hamás por el saqueo de la ayuda.
Desde Naciones Unidas se ha condenado la situación como una violación del derecho internacional y se exige un acceso terrestre masivo, seguro y sostenido para la ayuda humanitaria. En paralelo, debido a la repercusión mediática, las potencias extranjeras han intensificado la presión diplomática sobre el gobierno israelí.
Según el informe, la Franja de Gaza requeriría más de 62.000 toneladas de alimentos mensuales para cubrir sus necesidades básicas, aunque hasta ahora solo una pequeña parte ha logrado ingresar. Los lanzamientos aéreos resultan insuficientes para satisfacer la demanda y los bloqueos terrestres complican significativamente la distribución. En este contexto, diversas organizaciones alertan que, si no se logra un flujo sostenido y seguro de ayuda por tierra, la situación podría continuar deteriorándose con rapidez.