Lo que comenzó como una noticia sobre la revocación de licencias a un periódico y un canal de televisión en Kuwait, terminó sacando a la luz un trasfondo mucho más grave: desde el 2024, Kuwait ha retirado la ciudadanía de casi 50.000 personas.
La paralización de algunos medios de comunicación tras la desnaturalización de su propietario – Barakat Hudaiban Al Rashidi– despertó preocupación. Según la legislación kuwaití, solo los ciudadanos pueden ser dueños de medios informativos, de modo que la pérdida de la ciudadanía implica automáticamente la pérdida de la licencia. El caso vuelve a poner en el centro las críticas sobre la limitada libertad de expresión en Kuwait, país acusado de perseguir a la prensa opositora. A su vez, se revela una problemática todavía más profunda y menos conocida: la ola masiva de desnaturalizaciones arbitrarias.
La disolución del parlamento y la suspensión parcial de la Constitución en 2024 dio comienzo a un proceso de purga de ciudadanos. Hasta finales de agosto de 2025, se calcula que cerca de 50.000 personas han sido privadas de su ciudadanía. Las justificaciones legales incluyen la obtención fraudulenta de documentos, la tenencia de doble nacionalidad sin autorización o la realización de actos considerados contrarios a los “intereses supremos del Estado”. Muchas de estas disposiciones violan el derecho internacional y su principio de irretroactividad, al afectar ciudadanías que fueron otorgadas legalmente en el pasado.
Además, estas medidas atentan contra los derechos humanos ya que los nuevos apátridas quedan despojados de garantías constitucionales. En este sentido, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU expresó su “profunda preocupación” por el enorme impacto de estas medidas en la vida cotidiana de miles de familias kuwaitíes.
Palabras clave: Kuwait – ciudadanía – apátridas – libertad de expresión
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