Sin duda alguna, hablar de democracia en Túnez es hacer referencia a una época pasada, y no a un estado actual del país. El régimen autoritario se afirma día tras día, y un ejemplo de ello son los múltiples arrestos que se realizan a disidentes del gobierno de Kais Saied. En mayo, se detuvo a dos periodistas, Borhane Bsaïs y Mourad Zeghidi, quienes luego fueron condenados a un año de prisión por el tribunal tunecino. Se los acusó de “difundir noticias falsas” y “hacer declaraciones falsas con el objetivo de difamar a otros”, aseguró el portavoz del tribunal, Mohamed Zitouna.
Los arrestos se justifican a partir del Decreto 54, una ley sobre delitos cibernéticos aprobada en 2022, que condena la difusión de “noticias falsas” orientadas a dañar la seguridad pública o la defensa nacional. Con este instrumento, se facultó a las autoridades a perseguir a quienes sean opositores políticos del gobierno tunecino. Así, este tipo de detenciones son moneda corriente, ya que se han contabilizado 39 periodistas procesados por esta ley en 2024. “Todos estamos en libertad provisional porque cualquier trabajo periodístico puede dar lugar a un procesamiento”, dijo Zied Dabbar, presidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Túnez.
Los periodistas son parte de un grupo aún más amplio de detenidos, en el que se encuentran activistas y abogados. Los defensores de Derechos Humanos alertan que esta ley es utilizada con el fin de reprimir a los disidentes. Estas acciones también fueron condenadas y criticadas desde el ámbito internacional por la Unión Europea y EEUU.
Las medidas del gobierno tunecino son inconsistentes con los derechos universales que se garantizan en la constitución y con la historia de un país que hace pocos años era un ejemplo democrático en la región.