En los últimos días, han circulado dos cartas públicas: una escrita por ONGs y otra por senadores demócratas e independientes. Estas cartas están dirigidas al Secretario de Estado norteamericano,
Antony Blinken, y piden una nueva reducción de ayuda militar para El Cairo.
El motivo es claro: el compromiso de la actual administración estadounidense con los derechos humanos y, en el otro lado del charco, el continuo deterioro de los mismos, a pesar de las promesas y declaraciones de funcionarios públicos. Hablamos de una nueva reducción porque, desde hace dos años, el gobierno estadounidense retiene 130 millones de dólares que están condicionados por
la protección y garantía de los derechos humanos en El Cairo.
Como ambas cartas rezan, esta medida es considerada parcialmente efectiva, ya que se liberaron alrededor de 1000 presos políticos y se avanzó en el cierre de varias causas contra activistas de los derechos humanos. A pesar de esto, y en paralelo, se estima que casi 5000 personas fueron detenidas y muchas más vieron sus prisiones preventivas extendidas. Tampoco hubo avances significativos en el famoso Caso 173 del 2013, por el cual 43 activistas locales y extranjeros fueron sentenciados a entre 1 y 5 años de prisión. Además, cerraron ONGs internacionales como Freedom
House y el International Center for Journalists.
Por todo ello, los senadores y numerosas ONGs de renombre en materia de Derechos Humanos solicitan que la totalidad de la ayuda militar condicionada del año fiscal 2022 –320 millones de
dólares– no sea otorgada. Vale decir que la ayuda militar total alcanza los 1.3 billones de dólares.
Sin embargo, según la carta de los senadores, esta reducción no implicaría grandes peligros para la relación bilateral entre ambos países y su lucha contra el terrorismo en el Sinaí. Esto ha quedado demostrado en los últimos dos años de ayuda reducida.