En los primeros días del mes de agosto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró en una entrevista que “la mitad de la población quiere abandonar Gaza” –asegurando que no se trataba de una expulsión masiva– y que “podría abrirles el Paso de Rafah, pero Egipto lo cerrará inmediatamente”.
Frente a estas declaraciones, el ministro de relaciones exteriores egipcio, Badr Abdelatty, rechazó categóricamente el desplazamiento forzado del pueblo palestino de su tierra. En la misma declaración, aseguró que tales prácticas son una violación del derecho internacional humanitario y tipificadas como crímenes de guerra que no pueden ser tolerados. Para Egipto, esta situación es una línea roja que no puede ser cruzada.
En una conferencia conjunta con el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), Philippe Lazzarini, ambos funcionarios rechazaron las declaraciones de que los palestinos desearan abandonar Gaza. Lazzarini sostuvo que la crisis humanitaria en Gaza es producto del hacer humano y afirmó que las restricciones israelíes eran el mayor obstáculo para el ingreso de ayuda humanitaria a través de Rafah. En el mismo sentido, Abdelatty declaró que los palestinos estaban siendo expulsados de Gaza sobre la base de una política de hambruna.
Como en otras ocasiones, el ministro afirmó que el desplazamiento de los palestinos supone la liquidación y el fin de la causa palestina, y que no existe justificación legal, moral ni ética para desalojar a las personas de su tierra natal. En los últimos meses, se ha evidenciado un endurecimiento del discurso del gobierno egipcio, que sostiene que lo que ocurre en Gaza no es solo el asesinato masivo de civiles, sino un verdadero genocidio. En esta línea, cabe recordar que Egipto decidió respaldar la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, en la que se acusa a Israel de violar la Convención sobre Genocidio en Gaza.