El pasado miércoles la administración norteamericana dio a conocer un listado donde figuran varias personas, empresas e instituciones sirias sobre las que se impondrán nuevas sanciones.
Estas disposiciones acentúan las medidas establecidas por la Ley Cesar que entro en vigor meses atrás. Los esfuerzos norteamericanos tienen que ver con presionar a Damasco a negociar el fin de la guerra civil y la salida política al conflicto en el marco de Naciones Unidas, de acuerdo, con la resolución 2254 del Consejo de Seguridad.
El secretario de estado, Mike Pompeo, sostuvo que las medidas afectan a distintos miembros y funcionarios del gobierno, a los que definió como la “red personal de negocios ilícitos de al-Assad”. En este sentido declaro que las sanciones a los “altos funcionarios del gobierno sirio, comandantes militares y empresarios corruptos no cesaran hasta que el régimen de al-Assad y sus colaboradores tomen medidas para poner fin a su campaña de violencia contra el pueblo sirio”. A su vez, remarcó que las sanciones no limitan la ayuda humanitaria aludiendo a la decisión que adoptó Washington días atrás donde designó 720 millones de dólares de asistencia.
Los reclamos por parte de los funcionarios del régimen son constantes, el representante sirio ante Naciones Unidas denuncio ante el organismo el “terrorismo económico” que los países occidentales vienen perpetrando sobre la población siria. Lo cierto es que, en el medio del aumento de casos de coronavirus, sumado a la crisis humanitaria, sanitaria y estructural que
3 enfrenta el país árabe la ayuda externa se torna indispensable y estas medidas dificultan aún más la delicada situación que atraviesa la población.
Palabras clave: EE.UU., Siria, sanciones