A fines del 2017, luego de seis años de conflicto armado, las voces que proclaman que la guerra en Siria terminó se multiplican. De manera simbólica, en diciembre el Presidente Putin viajó a la base de Jmeimim donde se reunió con su homólogo sirio, el Ministro de Defensa ruso y el comandante de la fuerza en el país, para autorizar la retirada –parcial- de las tropas, tras lo que llamó “una victoria deslumbrante” contra el Estado Islámico (EI).
Dos años después de la entrada de Rusia en el conflicto apoyando decisivamente al Ejército Árabe Sirio (EAS), junto con la infantería iraní y milicias aliadas, la situación político-militar se ha decantado inexorablemente a favor de esta coalición. El EAS logró avanzar sobre tierras hasta hace muy poco controladas tanto por las milicias opositoras que responden a potencias regionales e internacionales, como por el EI. Este último, prácticamente derrotado como fuerza militar, ha perdido sus dos últimas urbes: en su capital de facto al- Raqqa por las milicias kurdas y la aviación estadounidense y en el estratégico enclave de Deir Ez-Zor por la coalición sirio-ruso-iraní.
En lo diplomático se podría hablar de una vuelta a la realpolitik en la región. Mientras que las negociaciones de Ginebra auspiciadas por la ONU se encuentran estancadas, Rusia, Irán y Turquía han logrado imponer su influencia y cambiar el eje patrocinando las negociaciones de Astaná. En este marco, se han alcanzado acuerdos de distensión en los frentes de batalla con las milicias opositoras. Las organizaciones terroristas EI y Jabhat al-Sham (antes Jabhat al-Nusra) fueron excluidas del acuerdo.
A pesar de la apresurada declaración de victoria, la paz parece inalcanzable. La caída del EI no significa su desaparición, en tanto conserva su capacidad de acción terrorista, pero puede traer aparejado un fortalecimiento de al-Qaeda en Siria.
La falta de un acuerdo político sobre el futuro sirio frente a la posibilidad por parte del gobierno de imponer de manera autoritaria sus propios términos; la fractura sectaria, tribal y social; la crisis económica y la cantidad de refugiados y desplazados son aspectos que van a seguir determinando la conflictividad en el país durante los siguientes años.
PALOMA RODRIGUEZ GUARAGLIA Y RODRIGO MEDIN
Observatorio Región MENA
IREMAI-GEMO / UNR
2017: un año difícil para el país más poblado del mundo árabe
El 2017 ha sido un año complicado para Egipto, las problemáticas que apremian al país son graves y su solución no parece estar cerca.
El país norafricano ha sido blanco, en reiteradas oportunidades, del terrorismo yihadista, siendo las comunidades religiosas las principales afectadas. En este sentido, los ataques simultáneos contra dos iglesias ubicadas en Tanta y Alejandría, en abril, el atentado perpetrado contra un grupo de cristianos coptos que se dirigían al monasterio de San Samuel, en mayo, y el atentado en la mezquita de Al Rauda, en noviembre, que ha sido considerado como la acción terrorista más sangrienta registrada en el país en su historia reciente no solo arrebataron una enorme cantidad de vidas humanas, sino que también sembraron el terror en la sociedad.
El gobierno egipcio ha considerado a los mencionados ataques como muestra de la debilidad, la desesperación y la necesidad de exhibir poder que tienen los grupos terroristas que se adjudicaron la autoría de los mismos. A su vez, el presidente del país, Abdelfatah al-
Sisi, ha procurado llevar tranquilidad a la población afirmando con firmeza que los ataques no quedaran impunes, dejando en claro su marcada intención de llevar adelante una incansable lucha contra el terrorismo y el fundamentalismo religioso violento que acecha a su país.
Sin embargo, el alcance y las dimensiones de los actos terroristas acontecidos durante el 2017 ponen en duda la eficacia del ejército y la policía egipcia y demuestran que las tareas de inteligencia y análisis continúan siendo su punto débil.
Además, la situación en que se encuentra la sociedad civil en Egipto ha sido motivo de preocupación de distintos Estados, organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, los cuales no han dudado en esgrimir sus críticas a las condiciones imperantes en materia de derechos humanos. Las acusaciones por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales realizadas contra las fuerzas de seguridad, la campaña impulsada contra ciudadanos por su orientación sexual y el control gubernamental sobre las organizaciones no gubernamentales y su consecuente limitación para supervisar, promover y presentar informes en materia de derechos humanos son solo algunas de las imputaciones que el gobierno egipcio se ha encargado de negar categóricamente a lo largo del año que se encuentra llegando a su fin.
MARÍA VICTORIA UBEDA
Observatorio Región MENA