En tan solo dos días, Londres se balanceó entre la defensa de los derechos humanos y/o apostar a la venta de armamento, con un país en foco: Arabia Saudita.
Gran Bretaña busca posicionarse internacionalmente luego del Brexit. Es bajo esta premisa que el lunes 6 de julio impuso sanciones por violación a los derechos humanos a personas de Arabia Saudita, Rusia y Myanmar, quienes tendrán sus activos congelados en Gran Bretaña y tampoco podrán ingresar al país.
Entre esas personas se encuentran los 20 saudíes acusados por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, los cuales ya no tenían acceso al mercado financiero inglés por estar sancionados por Estados Unidos. Forjar una “Gran Bretaña verdaderamente global” fue la aclaración del secretario de Asuntos Exteriores, Dominic Raab.
Sin embargo, un día después de esta decisión, Gran Bretaña, como uno de los principales fabricantes de armamentos a nivel mundial, informó la reanudación de venta de armas a Arabia Saudita, paralizada por decisión de la justicia desde junio del 2019. En ese entonces se había considerado estas operaciones como ilegales, al no contar con una adecuada evaluación de riesgos 8 y víctimas civiles. Una revisión oficial concluyó que los ataques aéreos saudíes en Yemen, acusados de violar el derecho humanitario, fueron ‘incidentes aislados’.
Por su parte, los laboristas acusan al gobierno de enviar mensajes contradictorios. Emily Thornberry, secretaria de Comercio en la sombra -gabinete opositor- declaró que Gran Bretaña debería trabajar para terminar esa guerra, no para revivirla.
Palabras clave: Gran Bretaña, Arabia Saudita, Yemen, Potencias extra-regionales