Las tensiones que se vienen desarrollando hace algunos días al interior de la República Islámica, producto de las manifestaciones de la población por el caso Mahsa Amini, se extendieron a través de la frontera hacia Irak. Esta situación se vio evidenciada en los nuevos ataques por parte de fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), perpetrados el pasado 2 de octubre sobre la región del Kurdistán Iraquí. Esta ofensiva ha sido efectuada tanto por drones como por misiles, y por cuarta vez consecutiva en una semana.
Los argumentos de Irán para cometer dichos ataques se ampararon en un presunto fomento de disturbios en zonas fronterizas por parte de grupos de oposición kurdos, así como también en la supuesta participación de disidentes kurdos iraníes en las protestas que se extendieron a lo largo del territorio a causa de la muerte de la joven.
Uno de los grupos atacados fue el Partido Democrático Kurdo de Irán, quien acusó a la Guardia Revolucionaria de aprovecharse de los ataques y desviar la atención que estaba puesta en las protestas internas. Asimismo, el gobierno de la región del Kurdistán Iraquí condenó la ofensiva, lamentando las pérdidas civiles y afirmando que se trató de una “violación a la soberanía” de dicha región.
Por su parte, Estados Unidos advirtió a Irán la posibilidad de aplicar nuevas sanciones económicas luego de estos sucesos. Este aviso resulta relevante en un contexto en el que se está intentando renegociar el Acuerdo Nuclear firmado en 2015, teniendo en cuenta que Irán exige el
levantamiento de dichas sanciones.