Luego de destituir al Primer Ministro, Hichem Mechichi, suspender el Parlamento y levantar las inmunidades de sus miembros, amparándose en el artículo 80 de la Constitución, las acciones del presidente tunecino se encuentran bajo la mira. Por un lado, el pueblo apoya sus decisiones que consideran como un “reinicio” después de la mala administración política de la clase dirigente y la deteriorada situación política, económica y social; por otro lado, los partidos políticos juzgan su accionar como inconstitucional.
Ante las presiones internas como externas, Saied decidió nombrar a Ridha Garsalaoui, ex asesor de seguridad nacional, como supervisor del Ministerio del Interior, además de declarar que respetaría la constitución y que protegería los derechos y libertades de los ciudadanos. El líder tunecino fue crítico en cuanto a la corrupción existente, y denunció a empresarios de tener una deuda de millones de dinares tunecinos con el estado. A su vez, el presidente tomo una serie de medidas como el pedido a los comerciantes de bajar los precios debido a la gran inflación que disminuye el poder adquisitivo del pueblo, solicitó esfuerzos para que resurja la producción de fosfato y anunció la instauración de una unidad de crisis que administre el manejo de casos de COVID-19.
A pesar de estas medidas, la oposición tilda su accionar como un golpe de Estado. El temor es debido a que las fuerzas de seguridad pusieron bajo arresto domiciliario al juez Bechir Akremi y detuvieron a dos parlamentarios, Yassin Ayari, condenado por “desmoralizar al ejército”, y Maher Zid, miembro del partido Karama. Además, el poder judicial está investigando a personas 8 vinculadas a Ennahda, que se manifestaron contra los anuncios de Saied, por cometer actos de violencia durante las protestas.
Palabras clave: Kais Saied, Túnez, crisis