Dividida nuevamente en dos gobiernos rivales desde 2022, Libia continúa atravesando una duradera crisis política cuya inestabilidad amenaza con quebrar el frágil equilibrio alcanzado entre las facciones enfrentadas. Por un lado, se encuentra en Trípoli el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente, al frente del cual continúa con mandato vencido Abdulhamid Dbeibah como Primer Ministro. Por el otro, las facciones orientales lideradas por la Cámara de Representantes y su jefe militar Khalifa Haftar que, con sede en Bengazi, dirige el Ejército Nacional Libio (LNA, por sus siglas en inglés).
En los últimos años, el enfrentamiento entre las facciones se traduce en la disputa por los recursos provenientes de las regalías petrolíferas -principal actividad económica-, a través del control de los pozos de petróleo y del Banco Central de Libia. Un último episodio agravó la situación, cuando el 5 de agosto el hijo de Haftar, Saddam, envió fuerzas hacia el sur para bloquear el campo del Sharara, el más importante de Libia. Esta maniobra fue calificada en un comunicado del GUN como “extorsión política”. Posteriormente, Haftar envió efectivos hacia la zona fronteriza con Argelia y Túnez, lo cual puso en alerta a las milicias en Trípoli, así como a las fuerzas de seguridad argelinas.
En paralelo, Dbeibah intentó desplazar al presidente del Banco Central libio, Sadiq El-Kabir, en un intento de reducir la influencia de Haftar frente a sus constantes bloqueos de producción de petróleo. El board del BCL logró resistir brevemente, ya que su conformación es producto de acuerdos entre Haftar y el GUN. En este sentido, se pronunciaron en favor de mantener el statu quo los representantes de Estados Unidos, su embajador Richard Norland y el jefe del AFRICOM, el general Michael Langley; así como la representante interina de la UNSMIL, Stephanie Koury. Sus expresiones fueron reproducidas en un comunicado emitido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 28 de agosto, donde se sostuvo el llamado a evitar el uso de la fuerza y retomar el proceso político, estancado desde fines del 2021.