Esta semana, analistas de Bloomberg publicaron un ranking de países más vulnerables a una crisis de la deuda, siendo Egipto la segunda economía del mundo, solamente antecedida por Ucrania. El ranking se elaboró contemplando tres indicadores: deuda pública (92,9% del PBI egipcio), los costos de intereses y el rendimiento de sus bonos en dólares.
En el mes de agosto, la inflación anual egipcia alcanzó un nuevo récord con un 39,7% de inflación. El gobierno se negó a devaluar la libra egipcia –que perdió la mitad de su valor desde febrero del 2022– por temor a desatar una crisis social; una decisión contraria a las obligaciones adquiridas en el último préstamo con el FMI por 3 billones de dólares.
Egipto se enfrenta a un escenario donde, para el próximo año fiscal, se estima que el 56% del presupuesto nacional sea destinado para el pago de deuda y los costos de intereses respectivos; cuando el gasto público tiene 13,5% y la política social un 12,2%.
En una búsqueda para alivianar las cargas de la deuda, el primer ministro egipcio manifestó en la Cumbre Climática Africana la necesidad de un mecanismo único y efectivo para que los países en vías de desarrollo puedan canjear su deuda por financiamiento climático; los también llamados swaps climáticos. En términos generales, este tipo de mecanismo requiere un acuerdo entre el país acreedor y el país deudor, donde se acepta la condonación de parte de la deuda a cambio del cumplimiento de una serie de requisitos por parte del país deudor. En el caso puntual de los swaps climáticos, estos requisitos podrían ser inversiones en proyectos de energías renovables o medidas de reducción de riesgos. En junio pasado, Egipto usó este mecanismo con Alemania, quien condonó 54 millones de dólares de la deuda bilateral entre ambos países a cambio del uso de energías verdes. Sin embargo, muchos cuestionan cuán efectivo puede ser este mecanismo para paliar la situación de la deuda egipcia, en tanto tan sólo representan un pequeño porcentaje del total de la deuda.
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