El primer ministro libanés, Nawaf Salam, advirtió a Hezbollah que no arrastre al país en una nueva guerra en favor de intereses extranjeros, cuyas consecuencias el Líbano no está en condiciones de afrontar. Asimismo, reiteró que las decisiones sobre la guerra y la paz deben corresponder exclusivamente al Estado. Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, que reaviva el temor a una nueva escalada regional. En el ínterin, también continúan las operaciones militares israelíes en territorio libanés, con ataques aéreos, drones, bombardeos e incursiones casi diarias de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
En el sur del Líbano, la situación continúa siendo crítica. La franja de territorio actualmente bajo control israelí, delimitada por la denominada Línea Amarilla, representa alrededor del 5% del territorio libanés y, en algunos puntos, se extiende hasta diez kilómetros desde la frontera. Esta demarcación militar, establecida unilateralmente por Israel, no es reconocida por Naciones Unidas, que considera a la Línea Azul como la única referencia válida. Durante una visita a la zona ocupada, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró haber dado instrucciones a las fuerzas armadas para que tomaran todas las medidas necesarias con vistas a mantener una presencia prolongada.
En este escenario, la situación adquiere una dimensión adicional ante la retirada de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL). En agosto de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2790 que prorrogó su mandato por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha a partir de la cual comenzará un proceso de retirada progresiva que se extenderá durante un año. La decisión fue impulsada principalmente por Estados Unidos y respaldada por Israel, que cuestionaron la eficacia de la misión para contener el fortalecimiento militar del grupo chiíta.
En cuanto al impacto humanitario y material, Naciones Unidas estima que los daños en edificios de Beirut y el Monte Líbano superan los 365 millones de dólares. A la destrucción de infraestructura y viviendas se suma el desplazamiento de la población, las interrupciones en el acceso a servicios básicos y las dificultades para garantizar la continuidad educativa de los niños. Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 146 edificios quedaron completamente destruidos y 246 sufrieron daños parciales, más de 3.100 viviendas fueron destruidas y más de 4.400 parcialmente dañadas.
De este modo, mientras Israel consolida su presencia militar en una zona cuya delimitación no es reconocida por Naciones Unidas, la misión internacional encargada de supervisar la situación se prepara para retirarse. El Líbano enfrenta el desafío de recuperar el control de su territorio, garantizar el retorno de la población desplazada y evitar que una nueva escalada regional profundice las pérdidas humanas y materiales que el país ya enfrenta. [1][2]