El 27 de noviembre de 2024, después de que las hostilidades entre Hezbollah e Israel revivieran el 8 de octubre de 2023, entró en vigor un acuerdo de alto el fuego que no ha supuesto un fin de los enfrentamientos.
El acuerdo, basado en la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y auspiciado por Estados Unidos y Francia, contemplaba una serie de disposiciones clave. En primer lugar, establecía el cese de las operaciones militares. En segundo término, estipulaba que al sur del río Litani únicamente podrían operar el ejército libanés y la FPNUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano). Esto implicaba la retirada del grupo chií hacia el norte del río y el desmantelamiento de cualquier infraestructura militar restante en la zona. Por su parte, las tropas israelíes debían regresar a su lado de la frontera.
Uno de los puntos más controvertidos del acuerdo radica en su alcance territorial y en la cuestión del desarme. Mientras Hezbollah sostiene que las disposiciones se limitan a la región al sur del Litani, donde afirma haber entregado sus armas, Israel y Estados Unidos consideran que el acuerdo exige el desarme completo del grupo en todo el territorio nacional. En este marco, el gobierno del Líbano asumió el compromiso de avanzar hacia ese objetivo, presentando un plan destinado a garantizar su monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza.
Sin embargo, la situación sobre el terreno dista de reflejar lo establecido en el acuerdo. Hezbollah ha expresado de manera categórica su oposición a la entrega de armas. El grupo sostiene que cualquier discusión sobre desarme debe esperar al cumplimiento total del alto el fuego por parte de Israel, que incluye el fin de los bombardeos aéreos, la liberación de los prisioneros libaneses, el inicio efectivo de la reconstrucción de las zonas devastadas y principalmente, la retirada de las tropas israelíes de cinco colinas en el sur —Al-Hamamis, Al-Awaida, Yabal Balat, Labouna y Al Azziya.
Las Fuerzas de Defensa de Israel, que debían completar la retirada en febrero de 2025, mantienen su presencia en dichos territorios, considerados estratégicos por su capacidad de control y vigilancia. El gobierno justifica su permanencia alegando que Hezbollah continúa reconstruyendo infraestructura militar en la zona, lo que constituiría una violación de la tregua.
Los bombardeos israelíes provocaron una amplia destrucción en distintas regiones del país, particularmente en bastiones de Hezbollah ubicados en el sur y el este, así como en los suburbios del sur de Beirut. Se estima que las tareas de reconstrucción demandarán al menos 11.000 millones de dólares, una cifra inalcanzable sin asistencia financiera externa. En este contexto, la reconstrucción del país se ha convertido en una herramienta de presión: tanto Israel y sus aliados
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como los principales donantes internacionales condicionan su apoyo económico a la implementación de reformas estructurales y al fortalecimiento del control estatal sobre el territorio.
Según el enviado estadounidense para Medio Oriente, Tom Barrack, Arabia Saudita y Qatar se han mostrado dispuestos a invertir en la creación de una zona económica en el sur del Líbano, destinada
a promover el desarrollo y generar empleo para miembros de Hezbollah y sus simpatizantes tras un eventual proceso de desarme.
Desde el poder, la respuesta del gobierno libanés ha sido cautelosa. El presidente Joseph Aoun, propuso una estrategia gradual que comenzaría con el desarme en el sur, continuaría en los campos de refugiados palestinos y culminaría con una política nacional de defensa que incorpore a Hezbollah al ejército. Sin embargo, la posible incorporación de miles de combatientes formados bajo la doctrina de la Wilayat al-Faqih, que otorga poder político y religioso a los clérigos iraníes, genera inquietud entre los sectores laicos del país, temerosos de una mayor injerencia de Irán en las instituciones libanesas.
En este escenario, Hezbollah atraviesa una situación compleja. Si bien Israel pudo reivindicar importantes victorias como la muerte del máximo dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, junto con la mayoría de sus altos mandos y la destrucción de una parte significativa de su infraestructura militar, el grupo no ha sido completamente desarticulado. Su base social, afectada por la crisis económica y las sanciones internacionales, muestra signos de desgaste; no obstante, mantiene una influencia política y territorial considerable, y su arsenal, aunque reducido, continúa siendo un instrumento de disuasión frente a Israel.
Según el ejército libanés, Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego al menos 1.500 veces desde su entrada en vigor. La más reciente, el 6 de noviembre de 2025, cuando un funcionario israelí anunció una nueva ronda de ataques contra lo que Tel Aviv asegura son posiciones militares de Hezbollah. Los bombardeos fueron condenados por Irán, que calificó la ofensiva como una muestra del proyecto expansionista israelí en la región. Pese a los esfuerzos diplomáticos, la situación sigue marcada por la inestabilidad y las acusaciones cruzadas. Israel responsabiliza al gobierno libanés de no realizar los esfuerzos suficientes para desarmar al grupo, mientras que Beirut denuncia la continuidad de las operaciones militares israelíes como una violación directa del acuerdo.
El año 2025 deja en evidencia la persistente fragilidad del escenario libanés, atravesado por tensiones internas, presiones externas y una reconstrucción condicionada por intereses regionales. Aun cuando el alto el fuego representó un intento por estabilizar la frontera sur, la continuidad de los enfrentamientos y la compleja relación entre el Estado, Hezbollah e Israel impiden construir un
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horizonte de estabilidad. Entre la incertidumbre y la inestabilidad, la sociedad libanesa se adapta a convivir con la fragilidad de un alto el fuego que no logra consolidarse.