Con el fracaso de las elecciones diseñadas por la UNSMIL (Misión de Naciones Unidas para Libia) y previstas para diciembre del 2021, reemergió la división entre el Gobierno de Unidad Nacional (GNU) en Trípoli frente a la parte oriental del país. El 10 de febrero, la Cámara de Representantes, -situada en Tobruk y liderada por Aqilah Saleh-, designó como Primer Ministro a su aliado Fathi Bashaga, y el 1 de marzo, en una sesión cuya transparencia fue fuertemente cuestionada, le otorgó un voto de confianza para formar nuevo gobierno. A su vez, el primer ministro Dbeibah desconoció su legitimidad y rechazó ceder el poder en Trípoli.
Este escenario interno se inserta en un orden internacional marcado por la inestabilidad y agravado por la guerra ruso-ucraniana. En términos políticos, la influencia rusa en Libia ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. Rusia apoyó a Haftar en el conflicto de 2019-2020 y logró mantenerse en el terreno a través del grupo Wagner, contratista militar privada cuyo director, Prigozhin, se pronunció en favor de Bashaga tras cancelarse las elecciones en diciembre. El 14 de febrero el gobierno ruso reconoció su designación como Primer Ministro, siendo uno de los primeros países en hacerlo. Posteriormente, el GNU votó a favor de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en la votación llevada a cabo en la Asamblea General de Naciones Unidas el 7 de abril.
Por otro lado, la crisis en el mercado de commodities agrícolas impactó de manera directa: según un informe publicado por la UNCTAD, las importaciones de trigo libias provenientes de ambos
2 países representan el 55% del total de su canasta. La crisis económica y la división política y territorial configuran un escenario de alta volatilidad.