La seguridad alimentaria en la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) atraviesa un escenario crítico, atravesado tanto por las consecuencias de los conflictos armados como por la fuerte dependencia de las importaciones de granos.
En Gaza, la situación alcanzó un punto de inflexión tras el cierre del corredor de Zikim el 12 de septiembre de 2025, lo que redujo a la mitad las entregas del Programa Mundial de Alimentos. Como resultado, los comedores comunitarios pasaron de distribuir 155.000 comidas diarias a menos de 60.000. La ONU confirmó por primera vez la existencia oficial de una hambruna en el enclave, en un contexto marcado por las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria y el aumento de la desnutrición infantil. Así, Gaza se convierte así en un símbolo de la vulnerabilidad extrema de los sistemas alimentarios en contextos de guerra prolongada.
En paralelo, Egipto —el mayor importador mundial de trigo— enfrenta tensiones derivadas de su creciente demanda. Para la campaña 2025/26 proyecta adquirir 12,7 millones de toneladas, mientras que su producción local apenas alcanzará 9,2 millones. Este desbalance se suma a un crecimiento demográfico sostenido y a la presión sobre el sistema de subsidios, factores que obligan al gobierno a garantizar reservas estratégicas y diversificar proveedores. En este marco, El Cairo refuerza la cooperación internacional para estabilizar el comercio interno y consolidar su esquema de subsidios, clave para la paz social.
La paradoja del MENA radica precisamente en esa tensión: una región que oscila entre la urgencia del hambre y desafíos estructurales de abastecimientos, lo que equivale a decir, la necesidad de asegurar a largo plazo la seguridad alimentaria de poblaciones crecientes y altamente dependientes de factores externos.
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