El sábado 7 de mayo, un oficial y diez soldados egipcios fueron asesinados en un puesto de control de una estación de bombeo de agua en el norte del Sinaí. A esto se suma que, una semana antes, un grupo –del que se presume su afiliación al Estado Islámico (EI)– hizo explotar uno de los gasoductos que proveen a Jordania e Israel; y, este miércoles 11, un nuevo ataque –del cual todavía no se han adjudicado autorías– contra un puesto de seguridad egipcio en el área costera limítrofe con la Franja de Gaza mató a cinco soldados egipcios más.
El ataque, posteriormente adjudicado por el EI, propició al gobierno de Al-Sisi a querer profundizar la cooperación antiterrorista con los EE.UU. Si bien el mismo fue condenado por Washington, hace tan solo meses, la administración Biden anunció el recorte de $130 millones de dólares en ayuda militar para El Cairo, respaldándose en la repetida violación de derechos humanos que lleva adelante el gobierno egipcio. No es la primera vez que esto sucede en las relaciones con la Casa Blanca, Obama ya lo había hecho cuando tuvo lugar el golpe de Estado, lo que llevó a Egipto a diversificar sus proveedores de armas y fuentes de financiamiento militar.
Desde hace ya más de una década, la Península del Sinaí es dominada por grupos islamistas insurgentes. Luego del golpe de Estado contra Morsi en 2013, la región –sobre todo el norte– fue 3 la única donde la actividad del islam político se mantuvo regular, e incluso se intensificó. En noviembre del 2017, un grupo islamista que responde al EI llevó adelante el ataque más letal en los últimos años, matando a más de 300 personas en la Mezquita del Norte del Sinaí. Como respuesta, desde el 2018, el ejército egipcio lleva adelante una campaña militar que le otorgó cada vez mayor presencia en el norte de la región –delimitada entre la Franja de Gaza y el Canal de Suez, de allí su valor geoestratégico–, así como también se reforzó la presencia militar en el sur del Sinaí.