El Tribunal Especial para el Líbano anunció que se encuentran frente a una crisis financiera sin precedentes y que, de no lograr resolverlo de manera inmediata, desaparecería en los próximos meses. Este Tribunal que fue creado con el objeto de juzgar el asesinato del Primer Ministro en 2005, Rafik Hariri, se encuentra financiado en un 49% por países donantes y el resto por el Líbano. Sin embargo, en este momento que el Estado está atravesando una de sus peores crisis financieras, redujo su presupuesto.
Entre los acusados del asesinato de Hariri se encontraban presuntos miembros del Hezbollah, aunque el partido lo desmintió. En el 2020 el Tribunal sentenció a uno de los juzgados por tener responsabilidad en el asesinato, Salim Ayash, pero no todos los frentes de investigación han sido cerrados. También tiene a su cargo, entre otros casos, investigar una serie de atentados que se dieron previo al del entonces Primer Ministro.
El primero de junio se filtró una carta enviada por una de las víctimas al Secretario General de las Naciones Unidas, donde pide ayuda en el financiamiento del Tribunal para que pueda seguir funcionando, considerándolo como “la última esperanza de un estado de derecho y justicia en el Líbano”. Las familias aseguran que el hecho de que deje de funcionar sería un mensaje de aliento a aquellos que llevan adelante actos terroristas, ya que muchos de ellos quedarían impunes. En un país como Líbano donde el partido de Hezbollah, considerado un grupo terrorista en distintas partes del mundo, controla una parte del territorio, es entendible el pedido de las familias y la importancia 9 del funcionamiento del Tribunal.