El conflicto entre Israel y Palestina, en su fase más reciente, ha intensificado la crisis humanitaria en Gaza, con un 85% de la población desplazada debido a los continuos ataques militares israelíes. La migración forzada en este contexto no es simplemente una consecuencia del conflicto armado, sino una estrategia central para la expansión territorial de Israel. Este proceso tiene como objetivo la expulsión definitiva de la población palestina, lo que agrava la ya frágil situación de los derechos humanos en la región y desafía de manera directa el derecho internacional humanitario.
De hecho, en la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2024, Netanyahu se refirió a la guerra en Gaza, afirmando que el ejército israelí seguirá luchando contra Hamás hasta aplastar al movimiento islamista. "Si Hamás permanece en el poder, se reagrupará... y atacará a Israel una y otra vez... Así que Hamás tiene que irse", dijo Netanyahu, prometiendo luchar contra el grupo hasta obtener una "victoria total".
Los desplazamientos masivos de palestinos, asegura Garcés en su informe, han sido facilitados por tres mecanismos principales: órdenes de evacuación emitidas por el gobierno israelí, bombardeos indiscriminados que han destruido infraestructura esencial (hospitales, escuelas y viviendas), y la imposibilidad de acceder a recursos básicos como agua potable, electricidad y alimentos. Según estimaciones recientes, alrededor de 41,000 palestinos han muerto en el primer año de la guerra, mientras que otras fuentes elevan las muertes indirectas -debido a la desnutrición y la falta de asistencia sanitaria- a más de 186,000.
El papel de Naciones Unidas y sus organismos especializados, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), ha sido objeto de crecientes críticas. Aunque la UNRWA fue creada específicamente para asistir a los refugiados palestinos tras la guerra árabe-israelí de 1948, su capacidad para responder a la crisis actual se ha visto gravemente limitada. Israel ha impuesto bloqueos que restringen la ayuda humanitaria, dificultando la entrega de alimentos y asistencia médica, y ha acusado a la UNRWA de colaborar con grupos terroristas, lo que ha resultado en una drástica reducción de su financiamiento por parte de algunos de sus principales donantes, incluidos Estados Unidos.
El conflicto actual ilustra el fracaso del derecho internacional, tanto en la protección de civiles como en la gestión de crisis humanitarias. Los principios de los Convenios de Ginebra (1949), que estipulan la protección de los no combatientes y la prohibición de ataques a infraestructuras civiles, han sido repetidamente vulnerados. La falta de una respuesta internacional efectiva subraya la crisis de legitimidad del sistema multilateral, que se muestra incapaz de frenar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
La situación de los refugiados palestinos se ha vuelto una pieza clave en las relaciones entre Oriente Medio y los actores globales. Países vecinos como Egipto y Jordania han resistido aceptar nuevos refugiados palestinos, conscientes de que esto podría legitimar las políticas de expulsión israelíes y
consolidar la migración forzosa como un hecho irreversible. Paralelamente, países como Siria o Jordania se han convertido en un nuevo hogar para muchos refugiados de este conflicto, un aspecto que resulta totalmente paradójico dado al bagaje histórico de ambos. En este sentido, la política migratoria se ha geopolitizado, siendo utilizada por Israel y sus aliados como un medio para negociar concesiones políticas y económicas.
En términos jurídicos, el derecho al retorno de los refugiados está en grave peligro. Israel ha dejado claro que no contempla el retorno de los palestinos desplazados, lo que sitúa a la comunidad internacional ante un gran desafío. La solución a largo plazo para la crisis humanitaria en Gaza requiere un enfoque multilateral que no solo aborde la reconstrucción del territorio, sino que garantice los derechos de los palestinos a regresar a sus hogares, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas.
En conclusión, el conflicto actual entre Israel y Palestina refleja una combinación devastadora de muchas estrategias militares y políticas, violaciones a los derechos humanos y el fracaso de los mecanismos internacionales de protección. Sin un cambio significativo en la dinámica del conflicto, y sin una intervención decisiva por parte de la comunidad internacional, la situación de los palestinos en Gaza seguirá deteriorándose, consolidando un estado de emergencia humanitaria que desafía los principios fundamentales del derecho internacional.
Palabras clave: refugiados - Palestina - Israel - UNRWA