Luego de tres años de vaivenes políticos, que resultaron en cinco elecciones, Benjamin Netanyahu regresó al poder a finales del año 2022, liderando lo que muchos analistas consideran como “la coalición más derechista” en la historia de Israel. Su nuevo mandato está caracterizado por una agenda extremista, llena de polémicas y controversias. Entre las mismas se destaca el proyecto de reforma judicial, que generó una profunda grieta en la sociedad israelí y una gran tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Otra de las polémicas refiere a un nuevo ciclo de enfrentamientos entre palestinos e israelíes, producto de la expansión territorial israelí y los mutuos ataques entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las milicias palestinas.
En cuanto a la reforma, Netanyahu y la coalición gobernante, sostienen que la Corte Suprema tiene un poder excesivo y se ha convertido en un grupo cerrado y elitista que no representa al pueblo israelí. El principal argumento de este proyecto es que el tribunal se ha extralimitado en sus funciones y se debe reequilibrar la balanza de poder en favor de la Knesset para fortalecer la democracia. Es importante destacar, que Israel no tiene una Constitución escrita, sino que se rige
por un conjunto de “Leyes Fundamentales” con carácter constitucional, lo que hace que el Tribunal de Justicia sea más poderoso. Por otro lado, sus opositores consideran que esta reforma representa una amenaza para la democracia y sus garantías institucionales.
Ahora bien, ¿en qué consiste la “Reforma Judicial”? Se trata de una serie de proyectos de ley que avanzan en paralelo habiendo superado la primera de las tres aprobaciones necesarias para que entren en vigor. Su objetivo principal es aumentar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y limitar la capacidad del Tribunal Supremo de revocar las decisiones tomadas por los otros dos poderes.
Uno de los elementos más importantes para el gobierno de Netanyahu es el proyecto de ley que cambia la composición del Comité de Selección de Jueces. Actualmente, se requiere de un consenso entre la rama judicial y política para las designaciones. Sin embargo, con la reforma, se otorgaría al Ejecutivo una palanca decisiva a la hora de designar los integrantes del tribunal ampliando el comité de nueve miembros -repartidos entre el Gobierno, la Knesset, la Corte
Suprema y el colegio de abogados- a once con mayoría de siete para el Ejecutivo. De esta manera, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría sólo una mayoría simple para designar jueces.
Otro elemento relevante, refiere a la capacidad de la Corte Suprema de revisar la legalidad de las leyes aprobadas por el Parlamento. Por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas “Leyes fundamentales”; por otro, el Supremo solo podría impugnar leyes regulares si contradicen un derecho consagrado en una de las Leyes Básicas y con el apoyo de 12 de los 15 jueces -en vez de la simple mayoría actual. El paquete de medidas también limitaría la independencia de los asesores jurídicos de la Administración, una figura pensada para garantizar la transparencia y combatir la corrupción.1
Adicionalmente, para completar esta drástica neutralización del poder de revisión del Supremo, el ejecutivo quiere implementar una “cláusula de anulación” que permitiría al Knesset volver a promulgar las leyes impugnadas por la Corte, con una mayoría simple de 61 votos de un total de 120 escaños2. 3 Es importante destacar que este proyecto se está llevando a cabo en el marco de un proceso relámpago, y que cada proyecto de ley, sólo, en caso de aprobarse, puede cambiar el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Judicial.
El primer ministro insiste en la pertinencia de su reforma pese al fuerte rechazo que ha suscitado en sectores muy diversos de la sociedad -desde intelectuales, científicos y empresarios de la alta tecnología, hasta soldados, banqueros y estudiantes- e incluso pese a los cuestionamientos de la comunidad internacional. Los principales argumentos de estos sectores se basan en la preocupación con respecto a las consecuencias que acarrea la reforma en distintos ámbitos como la economía, la seguridad y la democracia.
1 De este modo, se podría afectar los derechos del colectivo LGBTIQ+; aprobar una legislación que exima a la comunidad ultrareligioso del servicio militar obligatorio –la Corte hace tiempo que lo plantea–; o construir más asentamientos ilegales en tierras palestinas.
2 En la actualidad, la Coalición gobernante liderada por Netanyahu tiene 64 de los 120 escaños de la Knesset.
Las críticas al proyecto afirman que la reforma destruirá por completo la única vía disponible para proporcionar controles y equilibrios al poder legislativo israelí. Además, advierten que perjudica la independencia del poder judicial y lesiona derechos no consagrados en las “Leyes Fundamentales”, como los derechos de las minorías y la libertad de expresión.
En consonancia con esto, durante más de 28 semanas consecutivas se han llevado a cabo numerosas concentraciones en respuesta al polémico proyecto. A lo largo del mes de julio, las protestas masivas han reunido a más de 500 mil ciudadanos israelíes en todo el país y se han caracterizado por un aumento de la violencia por parte de simpatizantes del gobierno y una represión policial intensa. Como resultado de estos enfrentamientos, el número de personas detenidas y heridas sigue en aumento.
Simultáneamente, la conflictividad y el caos se trasladaron al escenario palestino. Desde la asunción del nuevo gobierno liderado por Netanyahu, incrementaron los niveles de violencia entre palestinos e israelíes y la inestabilidad al interior de Cisjordania. En su nuevo mandato, el primer ministro israelí, optó por continuar con su política de expansión territorial sin dar lugar a la negociación y, a la par, endureció sus acciones sobre los territorios palestinos. 4
A principios de julio, Israel dio cauce a lo que llamó una “operación antiterrorista” autodenominada como “Operación Hogar y Jardín”. La misma consistió en una incursión militar de alta envergadura lanzada en la ciudad de Jenin en Cisjordania, la cual incluyó ataques con drones, uso de aviación y efectivos terrestres.
La incursión se extendió 48 horas y ha sido la más grande en Cisjordania desde la Segunda Intifada (2000-2005), teniendo en cuenta que la violencia suele focalizarse principalmente en la Franja de Gaza. Considerando el repunte de la violencia en los últimos meses, desde el lado israelí, se argumentó que la operación respondía a la necesidad de combatir el terrorismo, indicando que el objetivo principal era que el lugar “no sea un lugar seguro” para terroristas respaldados por Irán. Según el portavoz de las FDI, al menos 50 ataques contra israelíes han emanado de Jenin.
En efecto, a partir de 2022, tras una serie de ataques palestinos, Israel ejecutó diversas incursiones periódicas en Cisjordania que, si bien estaban dirigidas hacia militantes, han dejado cientos de muertos. Por su parte, Israel ha sido epicentro de numerosos ataques terroristas, práctica que,
pese a haber sido habitual en el pasado, ya no se solía evidenciar con tanta frecuencia. Hasta noviembre del año pasado, al menos 150 palestinos perdieron la vida, mientras que del lado israelí fallecieron al menos 31 personas.
No obstante, durante el transcurso de 2023, se ha observado un incremento en el número de palestinos fallecidos. En un lapso de apenas siete meses, en Cisjordania y el Este de Jerusalén, se contabilizan 135 palestinos muertos a causa del fuego israelí. Además, cientos de personas han sido arrestadas. Desde el lado israelí, unos 24 han fallecido en ataques perpetrados por palestinos.
El ciclo de violencia se reanudó significativamente en junio, cuando siete palestinos murieron en una redada israelí en Jenin. Al día siguiente, dos milicianos de Hamás mataron a tiros a cuatro israelíes cerca del asentamiento de Eli, a 40 kilómetros al sur de Jenin. Tras el ataque, cientos de colonos israelíes incendiaron casas y automóviles en la ciudad de Turmusaya, donde otro palestino fue asesinado.
En la secuencia de hechos, siguió un asesinato selectivo efectuado por parte de Israel a través de un dron, contra tres militantes palestinos, constituyendo lo que fue el primer “asesinato selectivo 5 aéreo” en Cisjordania desde la Segunda Intifada.
La “Operación Hogar y Jardín" culminó el 5 de julio con la muerte de 12 palestinos y un soldado israelí, alrededor de 4.000 desplazados y una infraestructura muy debilitada. Luego de la misma, la furia de los palestinos se trasladó a las calles de Tel Aviv. La metrópolis israelí fue escenario de un ataque con apuñalamiento y la embestida de un vehículo, donde al menos 8 personas resultaron heridas. El ataque fue reivindicado por Hamás, que afirmó que el agresor era uno de sus miembros que actuó en represalia por la redada militar en Jenin.
El gobierno y el ejército israelí calificaron a esta operación como un “éxito”, al indicar que todos los fallecidos eran militantes de grupos armados palestinos y que la redada fue llevada a cabo con “el mínimo daño a los civiles”. No obstante, desde el lado palestino denunciaron los hechos como un “crimen de guerra” y acusaron a Israel de haber lanzado “una guerra abierta contra la población en Jenin”.
En suma, esta última escalada de violencia denota el ciclo sin fin del conflicto palestino-israelí que, en el último año, no hizo más que incrementar los niveles de violencia en ambos lados, en lo que fue el peor derramamiento de sangre desde la Segunda Intifada.
Este notable aumento de violencia, se cruza con los pedidos de los ministros de ultraderecha del gobierno de Netanyahu para ampliar los puestos avanzados no autorizados de colonos en Cisjordania, convirtiéndolos en asentamientos en pleno derecho. Si bien Netanyahu advirtió a los colonos judíos que no “acapararan tierras ilegalmente” -mientras los organismos humanitarios daban la voz de alarma por los ataques contra los palestinos- el premier respaldó la expansión de asentamientos en Cisjordania. Cabe destacar, que desde el comienzo de su mandato la expansión de asentamientos fue en subida, lo que alimenta otra fuente de tensión con los palestinos.
Finalmente, esta coyuntura pone en evidencia distintas cuestiones. En primer lugar, expertos señalan que la operación en Jenin busca desviar la atención sobre las protestas contra la reforma judicial, que actualmente dividen fuertemente a la sociedad israelí. En segundo lugar, denota la necesidad de Netanyahu de asegurar su supervivencia política, ya que tanto la expansión de asentamientos, como la represión al interior de los territorios palestinos, son respuestas a los 6 reclamos de los sectores más extremistas de la coalición. Siendo estos sectores los que le permiten al líder mantenerse en el poder. En tercer lugar, en caso de que se concrete la reforma judicial, al verse el gobierno eximido del control del poder judicial, se daría vía libre a las propuestas y demandas de los sectores ultraderechistas que acompañan a Netanyahu. Es decir, se les permitiría imponer su agenda sin consideración sobre cómo ello afecta a la población israelí y mucho menos a los palestinos.
Palabras clave: Israel, Palestina, reforma judicial, incursión militar, Jenin
Fuentes
cnnespanol.cnn.com france24.com france24.com cnnespanol.cnn.com france24.com elordenmundial.com