Al evaluar el año transcurrido Túnez, nos encontrarnos ante un Estado que logró poco de lo que buscaba, y mucho de lo que no esperaba. La elección y respaldo de una población, desencantada con la política, a un outsider y a sus controversiales medidas, no dieron el resultado esperado. El elegir entre el bienestar económico y los derechos y libertades, terminó despojando a los ciudadanos de las conquistas conseguidas tras la revolución. Hoy el pueblo sigue hambriento y con menos medios para expresarlo.
Haciendo un balance de Túnez, es inevitable no remontarse al año 2019, marcado por un contexto socioeconómico y político insostenible, que culminó con la llegada de Kais Saied al poder. Tras décadas de gobiernos autoritarios, la primavera floreció, instaurando un sistema político democrático con derechos y libertades que colocaron a Túnez como un ejemplo regional. Sin embargo, mantener estas conquistas resultó desafiante, ya que las cuestiones sociales y económicas persistieron, dejando a los ciudadanos con nuevos derechos pero escasos recursos.
Este panorama propició la aparición de discursos populistas, siendo Kais Saied el protagonista que ingresó a la política sin respaldo partidista ni estructura, solo con la promesa de revertir la situación de Túnez. Al llegar al poder, Saied se propuso no solo desafiar a las élites políticas, a las que responsabilizaba de la situación del país, sino también reformar la Constitución de 2014.
La “primavera” finalizó el 21 de julio de 2021 cuando, mediante una interpretación controversial del artículo 80, el presidente declaró estado de emergencia, destituyó al primer ministro y congeló el parlamento. Rápidamente comenzó el inverno autoritario con medidas cada vez más restrictivas. Poco a poco, los decretos presidenciales fueron en aumento, los arrestos y las represiones se convirtieron en moneda corriente. En 2022, se afirma la deriva autoritaria mediante el referéndum constitucional, que invalidó la Constitución del 2014, estableciendo un hiperpresidencialismo sin contrapesos.
A lo largo de 2023, se han vulnerado los derechos y libertades de los ciudadanos, según informes de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional. Se han registrado aumentos de la represión, arrestos arbitrarios, medidas anticonstitucionales y el desmantelamiento de poderes y derechos. Se han llevado a cabo investigaciones penales fraudulentas y detenciones de críticos del Estado, incluidos activistas, profesionales de derechos y empresarios, bajo la acusación de "conspiración contra el Estado".
Uno de los principales damnificados fue el partido Ennahda, con 21 miembros bajo investigación y 12 en prisión. Se detuvo a su líder, Rached Ghannouchi, a quien se lo ha condenado a un año de prisión por comentarios públicos en contra del gobierno de Saied.
Lo realmente controversial fue el decreto ley 54 sobre la ciberdelincuencia. Este les otorga a las autoridades amplias facultades para reprimir la libertad de expresión en internet. Como resultado del mismo, se han abierto investigaciones contra periodistas, abogados, activistas políticos, etc.
No obstante, el autoritarismo se extendió a los migrantes y refugiados. En febrero de 2023 el presidente emitió una serie de comentarios xenófobos y racistas contra aquellas personas que han intentado cruzar el mediterráneo hacia Europa desde Túnez. Estas palabras se materializaron en una oleada de violencia contra las personas negras y extranjeras, quienes fueron agredidas, desalojadas y detenidas arbitrariamente. Los migrantes, refugiados y solicitantes de asilos detenidos fueron recluidos a Ouardia. Muchos de ellos son africanos subsaharianos; otros son tunecinos que buscan satisfacer aquellas necesidades básicas que su gobierno no les ofrece. Muchos de ellos fueron obligados a trasladarse a Libia, sin ningún tipo de ayuda o recursos básicos.
Centrándonos en la cuestión migratoria y económica, cobra gran importancia el memorando que se firmó con la Unión Europea. Este acuerdo se enfoca principalmente en la cooperación económica y en la migración, buscando mejorar las relaciones bilaterales y establecer un plan estratégico para abordar los desafíos comunes.
El principal foco está puesto en la economía norafricana que se encuentra al borde de la quiebra. Las consecuencias que dejó la pandemia, el aumento de la inflación, el elevado desempleo, los altos precios de las materias primas y el éxodo de la inversión extranjera provocado por el retroceso democrático, colocan a Túnez en una situación delicada, que preocupa a Europa por el riesgo de desplazamiento de migrantes hacia sus fronteras.
Dentro de los planes propuestos, estos se dirigen a temas como estabilidad macroeconómica, economía y comercio, transición ecológica, contactos interpersonales y migración. Estas medidas suponen gran cantidad de inversiones y cooperación. Se esperan desembolsos directos de los fondos del presupuesto común de la UE, y préstamos del Banco Europeo de Inversión. En ellos, unos 150 millones de euros serán destinados para las finanzas públicas de Túnez, con el propósito de otorgar liquidez a la administración para que satisfaga los servicios básicos y realice las reformas económicas necesarias.
Todo el dinero dispuesto y la ayuda macrofinanciera se destina a fortificar la frágil economía, pero deben cumplirse las “condiciones necesarias”. Estas últimas se refieren a las negociaciones en curso entre Túnez y el FMI acerca de un préstamo de 48 meses por el valor de 1.900 millones de dólares. Pero tal acuerdo conlleva un paquete de medidas en cuestiones de fiscalidad, transparencia, PYMEs, gobernanza, subvenciones estatales y cambio climático que pueden profundizar el malestar social. Sin embargo, las últimas declaraciones de Saied se referían a dichas condiciones como “dictados extranjeros que conducirían a más pobreza”, generando demoras en el acuerdo.
Es evidente que el 2024 presenta menos posibilidades de revertir este retroceso democrático. Es probable que la mención hacia Túnez, como el ejemplo democrático de la región, se convierta en un recuerdo opacado por la expansión lenta pero firme del invierno autoritario. Las expectativas están puestas en el acuerdo con la Unión Europea, y posiblemente con el FMI. Se evaluará si los mismos traerán beneficios para la economía tunecina, y si resolverán el problema migratorio. Se comprobará si el bienestar económico, por el que el pueblo apostó, puede lograrse a pesar de las consecuencias.