A comienzos de septiembre, en el marco de la creciente inestabilidad en el Mar Rojo, el presidente estadounidense Donald Trump anunció un endurecimiento de su política exterior hacia el movimiento hutí de Yemen. El objetivo central es desarticular las redes de financiamiento y contrabando que la organización mantiene desde su consolidación en Saná en 2015, limitando así el acceso a armamento y recursos destinados a futuras ofensivas. Al mismo tiempo, la medida busca enviar una señal de advertencia a los actores que respaldan las operaciones armadas del grupo.
El paquete de sanciones contempla el congelamiento inmediato de todos los bienes e intereses de individuos, compañías y embarcaciones bajo jurisdicción estadounidense. Con su inclusión en la lista negra del Departamento del Tesoro, estas entidades quedan inhabilitadas para cualquier tipo de transacción vinculada al sistema financiero norteamericano.
En represalia, los hutíes han informado que sancionarán a empresas petroleras estadounidenses. Sin embargo, analistas como Albasha, fundador de la consultora de riesgos Basha Report, consideran que el impacto real sobre el mercado energético será limitado. Según declaró a Reuters, la mayor parte del comercio en la región está dominado por compañías chinas, rusas, iraníes y de otros países del Golfo, con las cuales los hutíes buscan mantener relaciones estables. En este sentido declaró, “esto parece un truco mediático, una forma de salvar las apariencias y tranquilizar a su pueblo ante las crecientes sanciones estadounidenses y los ataques israelíes que han estado perjudicando su economía"