Amnistía Internacional y el Centro Abdorrahman Boroumand denunciaron un “frenesí de ejecuciones” en Irán en el primer semestre del presente año, duplicando de esta manera el número con respecto al primer semestre del 2021. Según las organizaciones de derechos humanos más de 250 personas sufrieron la pena capital sin ser sometidas a juicios justos. Además, en julio, el régimen efectuó su primera ejecución pública desde hace más de dos años.
Se estima que las autoridades utilizan esta serie de prácticas para instalar miedo en la sociedad y disuadir cualquier tipo de manifestación que amenace la estabilidad del régimen. El problema es que, de acuerdo al derecho internacional, muchos de los delitos por los cuales se realizan las ejecuciones no son punibles. En este sentido, Irán parece desfasado con respecto al resto del mundo, en tanto que son 144 los países los que rechazan la pena de muerte.
Asimismo, se realizaron detenciones a activistas laborales, intelectuales y también a cineastas que han protestado contra el accionar de los organismos estatales y la grave crisis socio-económica. Mohammad Rasoulof, director ganador de un Oso de Oro, fue detenido en julio por haber apoyado unos meses antes una carta abierta que pedía a las fuerzas de seguridad deponer sus armas frente a la indignación contra "la corrupción, el robo, la incompetencia y la represión".