El pasado 28 de abril se cumplieron dos meses del inicio de la guerra que ha puesto en vilo a Oriente Medio —y al mundo entero—, cuyos efectos se hacen sentir con particular intensidad en los seis Estados del Golfo. Estos países son, por su propia naturaleza, profundamente dependientes de un escenario regional estable. No resulta casual, entonces, que durante gran parte del corriente siglo hayan realizado enormes esfuerzos por consolidar el perfil de la subregión como una “isla de estabilidad” dentro de un vecindario convulso, sostenida por marcos de desarrollo a largo plazo orientados a la diversificación económica, la inversión extranjera y la proyección internacional.
Sin embargo, pese a las estrategias implementadas, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) se muestran incapaces de articular una posición común frente al conflicto, y menos aún frente a Irán. Resulta paradójico que uno de los principales objetivos que motivó la conformación del bloque regional en 1981 —contener la influencia de Teherán— aparezca en 2026 como una referencia desdibujada y casi quimérica. La coyuntura actual no ha creado las diferencias al interior del Golfo, pero sí las ha expuesto con nitidez y las ha profundizado. El desacuerdo sobre la cuestión iraní encuentra su sustento en las políticas exteriores singulares hacia la República Islámica, condicionadas cada una por variables que operan de manera desigual en cada Estado: la geografía, la demografía, la vulnerabilidad económica, las alianzas militares, las ambiciones regionales y la memoria histórica. La guerra no ha hecho más que amplificar estas asimetrías: allí donde algunos Estados privilegian la confrontación, otros optan por la contención o el diálogo.
En el primer grupo se ubica Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, que continúan siendo los actores más hostiles hacia Teherán. No obstante, incluso dentro de este eje emergen matices significativos. Riad combina su tradicional rivalidad con Irán con una creciente prudencia estratégica, enmarcada en su ambición de consolidarse como potencia regional y en su vínculo con Washington. Abu Dabi, por su parte, ha profundizado una lógica de autonomía selectiva, priorizando una agenda nacional cada vez más desvinculada de compromisos colectivos rígidos.
En contraste, Kuwait y Qatar se inclinan hacia estrategias de disuasión y equilibrio, aunque por razones divergentes. Kuwait mantiene una postura cautelosa, atravesada por su vulnerabilidad geográfica —en proximidad con Irak, espacio de influencia iraní— y por una composición social que exige delicados equilibrios internos. Su tradición diplomática de no confrontación limita su alineamiento pleno con el eje saudí-emiratí. Qatar, en cambio, encarna un pragmatismo activo: su política exterior, marcadamente autónoma, promueve un “acuerdo integral” entre Irán y Estados Unidos (EEUU) como vía para garantizar la estabilidad regional, en línea con sus intereses económicos y su estrategia de posicionamiento internacional.
Omán, finalmente, ocupa una categoría aparte. Mascate ha sostenido de manera consistente una política de neutralidad activa y mediación, preservando canales de diálogo abiertos con Teherán durante décadas. Su condición ribereña del Estrecho de Ormuz refuerza la necesidad de mantener relaciones funcionales con Irán, consolidándose como interlocutor confiable en contextos de alta tensión.
A la luz de estas posiciones, resulta evidente que las expectativas sobre el desenlace del conflicto no sólo divergen, sino que en algunos casos son abiertamente incompatibles. Mientras Arabia Saudita y EAU no conciben un escenario posbélico que no implique un debilitamiento estructural de Irán, Qatar y Omán priorizan la estabilidad derivada de un acuerdo duradero que garantice la coexistencia regional. Kuwait, por su parte, se mueve en un delicado equilibrio entre ambas visiones.
En este contexto, el CCG vuelve a exhibir los rasgos de una arquitectura regional fragmentada. Pero lo que en otros momentos podía interpretarse como una divergencia coyuntural, hoy adquiere un carácter más profundo y estructural. La incapacidad de articular una respuesta común frente a un conflicto de esta magnitud no sólo evidencia la ausencia de consensos estratégicos, sino que pone en cuestión la propia naturaleza del bloque como actor regional. La imagen que emerge es la de un rompecabezas que ha dejado de ensamblarse. Sus piezas, lejos de complementarse, avanzan en direcciones cada vez más autónomas, respondiendo a lógicas nacionales antes que regionales. Lo que hoy se observa con claridad es el resultado de un proceso sostenido de erosión interna, en el que el bloque, lejos de consolidarse como polo de coordinación regional, ha ido perdiendo densidad política, capacidad operativa y sentido estratégico compartido.
LIC. FACUNDO FERNÁNDEZ CODÓN