La tragedia tuvo lugar el lunes 12 de julio, cuando un cortocircuito, seguido de la explosión de tanques de oxígeno, ocasionó el incendio de uno de los sectores del Hospital Docente al-Hussein, en la ciudad de Nasiriyah, al sur de Irak. El mismo arrasó con el ala en donde se encontraban internados pacientes COVID-19 positivos, dejando un saldo de más de 65 muertos y aproximadamente 100 heridos de gravedad. Este lamentable acontecimiento se suma al incendio de otro hospital, ocurrido en abril de este año en Bagdad.
Tanto el director del hospital, como el responsable sanitario de la provincia, fueron interrogados por la policía y suspendidos por el jefe de gobierno, Mustafá al-Kazimi. La tragedia, como era de esperar, fue un puntapié para una nueva ola de manifestaciones y levantamientos contra los mandatarios del gobierno iraquí, ya que la multitud los responsabiliza por su mala gestión, promesas incumplidas y la falta de transparencia en sus obras y ausencia de comunicación de sus decisiones.
Hay que destacar que Irak es uno de los países más corruptos del mundo, por lo que su sistema gubernamental se encuentra totalmente colapsado y por más que los integrantes de su gobierno cambien constantemente, o se convoque a elecciones, la corrupción y las diferencias sectarias están tan arraigadas al mismo que se hace casi imposible poder gobernar de manera transparente y democrática. Este hecho trajo aparejada la reavivación de las diferencias dentro del parlamento y la exigencia por parte de los diputados de la renuncia del primer ministro iraquí, cómo si eso 5 fuese a solucionar los problemas de base.
En tanto se sigan profundizando las divisiones, el descontento del pueblo iraquí seguirá en aumento, y los desastres humanitarios serán moneda corriente en Irak.
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