A finales de marzo, acontecimientos internos profundizaron la crisis de legitimidad del gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP). La policía turca detuvo a Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul, en una redada en su domicilio, lo que desató manifestaciones callejeras masivas descritas como las más grandes en más de una década.
Considerado el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu estaba previsto como candidato del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) en las próximas primarias presidenciales. El político de 53 años fue acusado por el gobierno de corrupción y presuntos vínculos con el terrorismo. Por su parte, la oposición señaló a Erdoğan como el responsable de orquestar su arresto, con el objetivo de eliminarlo como contendiente en las elecciones previstas para 2028.
Ante un escenario marcado por el descontento social, la crisis económica y la creciente incertidumbre política, analistas especulan que Erdoğan podría convocar elecciones anticipadas con el fin de habilitar una nueva postulación presidencial. Debido a que ha liderado Türkiye durante 22 años, la única forma de presentarse nuevamente sería mediante la aprobación parlamentaria para adelantar los comicios, ya que de otro modo habría alcanzado su límite constitucional.
En el plano externo se evidencian continuidades y matices. En un escenario que sorprendió a la región, la caída de Bashar Al Assad y la llegada al poder de Ahmad al-Sharaa fue interpretada como una victoria geoestratégica para Türkiye. Ante esta nueva configuración, se especulaba sobre posibles encontronazos entre Türkiye e Israel en territorio sirio. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró que “Türkiye no quiere una confrontación con Israel en Siria”.
Finalmente, Turquía intenta capitalizar el regreso de Trump a la Casa Blanca para presentarse como un socio confiable. En las últimas semanas, Ankara ha buscado revertir las sanciones estadounidenses CAATSA y restablecer sus lazos militares con Washington. Según la legislación norteamericana, Turquía debe renunciar completamente al sistema ruso S-400 para ser readmitida en el programa F-35. Israel se ha manifestado como el principal opositor a esta cuestión, manteniendo su tradicional veto sobre la venta de armamento estadounidense a países de Oriente Medio.