El 14 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó la pena de muerte contra 12 miembros de la Hermandad Musulmana, entre los que se encontraban altos dirigentes, condenados en el caso de la sentada de Rabaa Al-Adawiya en 2013, en la que la policía y las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente a manifestantes desarmados y detuvieron a cientos de ellos. Dado que las sentencias del Tribunal de Casación son definitivas y no pueden ser apeladas, la ultima oportunidad de salvarlos podía provenir del presidente, el cual tenía la facultad de emitir un indulto en un plazo de 14 días. Sin embargo, Abdel Fattah Al-Sisi, se abstuvo de emitir el mencionado indulto.
Por otro lado, el 27 de junio, ocho hombres y una mujer, condenadas por casos de asesinato y robo fueron ejecutadas en cumplimiento de sus sentencias a la pena capital en la Prisión de Apelación de El Cairo. El Ministerio de Interior egipcio informó en un comunicado que los presos fueron ejecutados en la horca en presencia de un comité encargado de supervisar y que fueron trasladados a una morgue para ser entregados a sus familias, que ya habían sido informadas.
En este sentido, se debe tener en cuenta que según un reciente informe de Amnistía Internacional Egipto fue el tercer país del mundo que más ejecuciones realizó en 2020, triplicado el número de ejecuciones respecto al año anterior. Por su parte, la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) pidió a las autoridades egipcias que detengan el "frenesí de ejecuciones" en el país. Amr Magdi, investigador sobre Oriente Medio y África del Norte de HRW, considera que Egipto no puede 4 permitirse más ejecuciones. El país ha estado atrapado en una crisis política, con graves abusos de las fuerzas de seguridad que ahora son noticia diaria y advirtió que llevar a cabo más ejecuciones socavará las perspectivas de cualquier futuro esfuerzo de justicia transicional para sanar el país.