Tras más de dos meses de la crisis institucional que desató una situación de inestabilidad en el país tunecino, y en medio de manifestaciones a favor y en contra del poder ejecutivo y sus decisiones, el presidente Saied le otorgó el puesto de primer ministro a un mujer, convirtiendo a Najla Bouden Romdhane en la primera ministra de Túnez. Romdhane, quien fue una alta funcionaria del Departamento de Educación Superior e Investigación Científica, quedó encargada de la formación de un gobierno lo antes posible.
Esta decisión se emite luego de que el presidente hiciera pública una orden presidencial, en la que se otorga amplios poderes legislativos y ejecutivos, omitiendo gran parte de la Constitución, y llevando a cabo una gobernación por medio de decretos presidenciales hasta próximo aviso. Ante tal anuncio, la subdirectora de Amnistía Internacional, Guellali, calificó la decisión como una amenaza hacia los DD.HH. y al proceso democrático, sumándose a las críticas realizadas por las ONG como por el sindicato UGTT, que caracterizan estas medidas como autoritarias.
En cuanto a los partidos políticos, desde Ennahda y con el apoyo de diputados de otros bloques se firmó una declaración que se opone a las medidas tomadas por Saied y exige la reanudación de las sesiones parlamentarias. En cuanto a la nueva ministra, estos afirman que pueden impugnar la legalidad del gobierno que se conforme sin el consentimiento de la Cámara.
A pesar de contar con el apoyo del pueblo y asegurar que no es un dictador, el presidente tunecino cuenta con otra crisis: la económica. La crisis institucional desplazó las negociaciones que el país
5 desarrollaba con el FMI. Su popularidad puede disminuir si la economía no remonta y si su política sigue chocando con las bases democráticas del país.