El pasado 26 de abril, en la prisión de Wadi Al-Natrun, las autoridades egipcias ejecutaron, en total secreto y sin notificar previamente a las familias, a 17 presos condenados por el asesinato de 13 agentes de policía durante un ataque a una comisaría de Kerdasa en agosto de 2013.
Previamente, existían serios interrogantes en relación a las condenas que pesaban sobre los reclusos. En este sentido, la Organización Árabe para los Derechos Humanos del Reino Unido (AOHR) había confirmado que la identidad de los que asaltaron la comisaría en cuestión seguía siendo desconocida y que el Estado no había presentado ninguna prueba concreta que vincule a los hombres ejecutados (o a cualquiera de los acusados) con el asalto. Además, la AOHR junto con Amnistía Internacional coinciden en que estas condenas a muerte se impusieron tras un juicio sin las debidas garantías, en el que los acusados fueron privados del acceso a sus abogados y cuyos testimonios fueron extraídos bajo tortura.
Por otro lado, Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África declaró que las ejecuciones llevadas a cabo durante el mes de Ramadán demuestran el desprecio de las autoridades egipcias al derecho a la vida, así como a sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional y la implacable determinación de persistir en su escalada del uso de la pena capital. 7 Finalmente cabe destacar que, de acuerdo al informe anual de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, el número de ejecuciones documentadas en Egipto se había triplicado en 2020, por lo que el estado norafricano convirtió en el tercer país con mayor número de ejecuciones en el mundo, después de China e Irán.