El 30 de marzo de 2026 con 62 votos a favor y 48 en contra, Israel aprobó una ley que habilita la aplicación de la pena de muerte para palestinos condenados por ataques letales contra israelíes. Esto marcó un punto de inflexión tanto en la política penal del Estado como en el debate internacional sobre derechos humanos en contextos de ocupación.
Esta norma establece la pena capital como castigo para determinados delitos tipificados como terrorismo, particularmente en el marco de los tribunales militares que operan en la Cisjordania ocupada. Si bien formalmente la norma no excluye a ciudadanos israelíes, en la práctica su aplicación recae casi exclusivamente sobre la población palestina, ya que ellos son juzgados por tribunales militares mientras que los israelíes son juzgados mediante tribunales civiles.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido que la implementación de esta ley podría constituir una violación del derecho internacional humanitario e incluso un crimen de guerra, en tanto se aplicaría en un territorio ocupado y bajo condiciones que comprometen las garantías del debido proceso. Entre las preocupaciones más relevantes se encuentran la ausencia de mecanismos efectivos de apelación, la eliminación de la posibilidad de clemencia y la imposición de plazos breves para la ejecución de la sentencia, lo que restringiría el acceso a recursos judiciales adecuados.
En este sentido, algunas organizaciones de DDHH como Amnistía Internacional han subrayado, además, que el sistema de justicia militar israelí ha sido históricamente cuestionado por prácticas que incluyen el uso de pruebas obtenidas bajo coacción, lo que agrava los riesgos inherentes a la aplicación de la pena de muerte en este contexto. Incluso la Unión Europea (UE) ha expresado su preocupación por el impacto de la ley en los compromisos internacionales de Israel, especialmente en relación con los estándares democráticos y los tratados de derechos humanos.
La reintroducción de facto de la pena de muerte en un contexto de ocupación y desigualdad jurídica coloca a Israel bajo la lupa del escrutinio internacional y reaviva los cuestionamientos sobre el respeto del derecho a la vida, el debido proceso y la no discriminación. La evolución de esta normativa en el escenario nacional y sus posibles impugnaciones serán claves para evaluar su impacto tanto en el ámbito interno como en el sistema internacional de protección de derechos humanos.