El pasado martes 26 de junio el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, viajó a Libia para renegociar el acuerdo migratorio con el país magrebí, que su predecesor, Marco Minniti, había asumido con el primer ministro Fayez Al Serraj el año pasado ante la situación crítica que habían alcanzado los flujos migratorios hacia Europa por la ruta libia. Ante los buenos resultados alcanzados para Italia, una reducción del 80% de desembarcos en sus puertos en el 2018, en la reunión se buscó básicamente negociar el aporte italiano de mayores recursos económicos y logísticos a Libia para que asuma el rescate de las embarcaciones e impida su salida.
La otra cara de la cuestión, no obstante, se ejemplifica en lo sucedido el día anterior, cuando 948 migrantes fueron devueltos a territorio libio en un intento por cruzar el Mediterráneo. Siete barcazas habían pedido auxilio cuando se encontraban en aguas internacionales el domingo. El lunes por la mañana fueron interceptadas por los guardacostas libios y los ocupantes, junto con 10 cadáveres, fueron llevados de regreso a la costa. Allí, los espera lo que conciben como una pesadilla peor que la pérdida de sus vidas.
El rescate a cargo de la Guardia Costera libia se enmarca en la estrategia de la Unión
Europea de repatriación de los migrantes. No obstante, quienes regresan a territorio libio deben enfrentar condiciones inhumanas ya que son inmediatamente recluidos en centros de detención oficiales, acusados de inmigración ilegal, donde escasea la comida y se producen abusos, tal como han testificado Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras. Asimismo, las ONG que desde el 2016 colaboran en la zona se encuentran atadas de manos ante una postura abiertamente hostil de parte de Italia.
http://www.elmundo.es/internacional/2018/06/25/5b30f6e946163f8b768b45e9.html
https://elpais.com/internacional/2018/06/25/actualidad/1529937850_486880.html