Desde el Ministerio del Interior argelino, se informó que toda manifestación debe contar con un permiso previo, en el que se especifique los nombres de quienes son los organizadores y cuáles son los horarios de inicio y fin de la misma. La protesta que no cumpla con la autorización solicitada será prohibida y considerada fuera de la ley y de la Constitución.
Uno de los afectados es el Hirak, movimiento caracterizado por no tener líderes a su interior, debido a que el gobierno exige identificar quienes son los responsables de organizar las marchas. Recordamos que fueron sus manifestaciones en febrero de 2019 las que lograron la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika, quien había declarado su intención de presentarse a un quinto mandato, generando gran inconformidad social. Aun así, los reclamos no cesaron, sino que se enfocaron en las vicisitudes del sistema político.
Se considera que las nuevas restricciones tienen como fin la prohibición de las marchas callejeras, dado a que se anunciaron luego de que el presidente Tebboune informe la celebración anticipada de las elecciones legislativas. El presidente se refiere a estas manifestaciones como un acto de renovación nacional y simula estar dispuesto al dialogo. Contrariamente, en febrero de este año, Amnistía Internacional ha emitido que las fuerzas de seguridad actuaron contra los manifestantes mediante detenciones arbitrarias, enjuiciamientos y pena de prisión por el solo hecho de 8 expresarse libremente en las calles de forma pacífica y por redes sociales. La organización exigió no vulnerar y respetar los derechos como la libertad de expresión y de reunión, poner en libertad a los activistas encarcelados y retirar los cargos. No obstante, las medidas actuales apuntan a censurar las manifestaciones del pueblo.