El pasado 22 de septiembre, al margen de la Asamblea General de la ONU, Donald Trump se reunió con los líderes de los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y representantes de Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Siria y Turquía. El encuentro se dio a casi siete meses del inicio del conflicto con Irán, con el Estrecho de Ormuz prácticamente cerrado tras el colapso, en agosto, del memorando de junio entre Washington y Teherán.
Según Riad, la agenda abordó la escalada regional, la navegación en Ormuz y Bab el-Mandeb y el fortalecimiento de los canales diplomáticos. Sin embargo, la cumbre concluyó sin compromisos conjuntos ni calendario para poner fin a la guerra.
Los Estados del Golfo llegaron con una preocupación común, a saber, evitar nuevos bombardeos sobre Irán, cuyas represalias pagaría su infraestructura, y retomar el memorando de junio. Sus situaciones, no obstante, distan de ser equivalentes. Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) son los menos expuestos: Abu Dhabi exporta parte de su crudo por el oleoducto hacia Fujairah, sobre el Golfo de Omán. En el extremo opuesto, Kuwait, Bahréin y Qatar carecen de rutas alternativas, y Doha ve severamente restringidos sus envíos de GNL. Por su parte, Arabia Saudita, presionada por el avance hutí en Yemen, reclama ataques estadounidenses contra el grupo, hasta ahora sin respuesta.
Del lado estadounidense, el cálculo es ante todo doméstico. Con las elecciones de medio término a pocas semanas y la aprobación presidencial en mínimos históricos, la Casa Blanca necesita bajar el precio del combustible, lo que exige un nuevo compromiso con Teherán y garantías más concretas para sus socios. En esa dirección apuntan la aprobación de la posible venta de 48 cazas F-35 a Riad y la reafirmación, por Marco Rubio, del Acuerdo de Defensa Estratégica de 2025. Con todo, el acuerdo no pasó por el Senado y la venta aún requiere el aval del Congreso.
Las capitales del Golfo ya fijaron su condición: cualquier arreglo debe devolver Ormuz a su situación previa al 28 de febrero y garantizar que nadie vuelva a tomar como rehén ese paso ni Bab el-Mandeb. Satisfacerla exigiría más que armamento: un esquema permanente de seguridad marítima sobre ambos estrechos y el aval legislativo de los acuerdos firmados.
Aquí hay mucho en juego, el Banco Mundial prevé que el Golfo crecerá apenas 1,3 % este año, frente al 4,5 % de 2025, y las Visiones Nacionales de cada miembro del bloque dependen de que la subregión recupere su imagen de destino estable. Por ende, la pregunta que se abre es si Washington convertirá estas garantías parciales en compromisos institucionales que trasciendan a la actual administración, una definición que no llegaría antes de noviembre.[1][2]