El 14 de julio, la Cámara de Representantes en Tobruk emitió un comunicado requiriendo formalmente la intervención de Egipto en defensa de la “seguridad nacional de ambos países”. En el mes de junio el presidente egipcio Abdel Fattah Al-Sisi había trazado su línea roja al anunciar la intervención militar si las fuerzas del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) y Turquía tomaban Jufra y Sirte. El Parlamento de Tobruk, al este del país, se mantiene como principal apoyo político del general Haftar y no reconoce la legitimidad del GAN en Trípoli.
Con el apoyo directo de Ankara al suministrar armamento pesado, drones y mercenarios sirios, el GAN logró en abril quebrar la ofensiva de Haftar en Trípoli tras un año de sitio y expulsarlo hacia el este. Ahora las miradas están puestas en torno a la base aérea de Jufra y Sirte; esta última es una ciudad costera ubicada en la región de Tripolitania y principal zona petrolífera del país. En este contexto, los gobiernos de Rusia y Turquía negocian un acuerdo de cese al fuego que no despierta en los diferentes actores expectativas de que se concrete de manera duradera. El canciller turco Mevlet Cavusoglu, en declaraciones a la prensa, estableció como precondición para el acuerdo el retiro de las fuerzas de Haftar de ambas plazas y su retorno a los términos del Acuerdo Político
5 Libio de 2015.
De esta manera el involucramiento turco por una parte, el anuncio de intervención de Egipto y la presencia de mercenarios rusos en la base de Jufra por otra, arriesga la posibilidad de un enfrentamiento directo que abra una nueva etapa y profundice la internacionalización de la guerra.