El jueves 7 de abril, el presidente yemení Mansour Hadi anunció la transferencia ‘irreversible’ de sus poderes al Consejo de Liderazgo Presidencial. Desde 2015, Hadi junto a Arabia Saudita y una coalición de países árabes-sunitas, se enfrentó a los huties, un grupo norteño que tiene el apoyo – aunque más discreto- de Irán. Como consecuencia, el país está devastado y sumido en la anarquía.
Desde ahora, el Consejo -compuesto por un heterogéneo conjunto de líderes político-militares- tendrá la responsabilidad de continuar las negociaciones con los rebeldes. Prontamente, Riad y Abu Dabi mostraron su aprobación y prometieron 3 mil millones de dólares al nuevo gobierno. Rashad al-Alimi, quien presidirá el Consejo, tiene estrechos vínculos con el Reino saudí, lo que hace presumir que esto fue impulsado por las monarquías.
Esta decisión se da en un contexto de estancamiento del conflicto y búsqueda de distensión. El 1 de abril las partes llegaron a un cese al fuego nacional por dos meses, con la opción de prolongarlo. En el mismo aceptaron detener las operaciones aéreas, terrestres y marítimas dentro de Yemen y a través de sus fronteras, al tiempo que acordaron el ingreso de barcos de combustible a los puertos de Hodeida y el restablecimiento de vuelos comerciales en el aeropuerto de Sana. No obstante, hay grandes dudas sobre su efectivo cumplimiento.
Asimismo, Yemen no ha quedado exento de los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Actualmente es un gran importador de productos básicos, y aproximadamente un 40% de la importación de granos proviene de Ucrania. La coyuntura bélica amenaza con generar desabastecimiento de productos alimenticios, al tiempo que ha provocado una fuerte alza en el precio de los combustibles, encareciendo las importaciones. En un país donde un 45% de la población total padece inseguridad alimentaria, esto podría significar un durísimo golpe.