El ministro de Asuntos Exteriores turco Mevlüt Çavuşoğlu ha declarado en una conferencia de prensa, el pasado 29 de agosto, que Turquía no podrá asumir la carga de una nueva oleada de migrantes procedentes de Afganistán. Ante la constante preocupación internacional por la toma de poder por parte de los talibanes y los 5 millones de refugiados que el gobierno turco argumenta acoger, el ministro turco aseguró que ya han cumplido con sus "responsabilidades morales y humanitarias con respecto a la migración”.
Por su parte, el presidente Erdogán también ha manifestado sus contradicciones respecto a la situación. Tratando de evitar la historia del 2015, el mandatario aseguró que Turquía “no tiene el deber, la responsabilidad o la obligación de ser el almacén de refugiados de Europa”. Al mismo tiempo señaló la responsabilidad de la Unión Europea ante esta posible oleada migratoria, instándolos a elaborar rápidas respuestas ya que si la situación afgana se convierte en una crisis los veintisiete volverán a estar sumamente afectados. ACNUR estima que la cifra de ciudadanos afganos desplazados desde principio de año es de 400.000 aproximadamente, y que solo una parte de ellos ha alcanzado a abandonar el país.
Esta semana, también, el Ministerio de Defensa dio por finalizado el primer tramo de 155 km de la construcción de un muro fronterizo previsto de 241 km entre la República Islámica de Irán y Turquía, y anunció el envío de tropas a la zona. Sin embargo, estos factores no impiden el movimiento de migrantes entre las fronteras, en tanto las fuerzas turcas han impedido el acceso 6 de casi 69.000 migrantes irregulares y han detenido a 900 sospechosos de cometer trata de personas.
El gobierno turno no es el único con planes de levantar muros. Grecia ha levantado una valla de 40 km en la frontera con Turquía y la ha equipado con un sistema de vigilancia. Mitsotakis, el Primer Ministro griego, se ha puesto en contacto con Erdogan y ambos acordaron vigilar y endurecer el acceso.
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